Garrahan, universidades y discapacidad: una marcha conjunta por presupuesto

Médicos, profesionales y trabajadores del Hospital Garrahan realizan este martes un paro de 24 horas, en protesta por la falta de implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente promulgada por el Gobierno, pero suspendida hasta que se apruebe el Presupuesto 2026.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y cuenta con el respaldo de otros sectores del personal de salud. El paro se inició a las 7:00 de la mañana y será acompañado por una movilización a Plaza de Mayo a las 16:00, donde confluirán también trabajadores universitarios y del área de discapacidad.

Las leyes están promulgadas, pero no serán aplicadas aún

El Ejecutivo nacional promulgó en las últimas horas las leyes 27.795 (financiamiento universitario) y 27.796 (emergencia pediátrica), mediante los decretos 759/2025 y 760/2025. Sin embargo, su aplicación quedó condicionada a la disponibilidad de recursos en el presupuesto nacional, aún en elaboración para el ciclo 2026.

Según argumentó el Gobierno, la falta de partidas específicas y la situación fiscal del Ministerio de Salud impiden ejecutar inmediatamente los beneficios que ambas normas establecen. Lo mismo ocurre con la ley de discapacidad, que también fue promulgada pero no aplicada.

Qué establece la Ley de Emergencia Pediátrica

La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en el área de salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales, por un período de un año. Entre sus principales objetivos se destacan:

• Garantizar el acceso equitativo y de calidad a servicios de salud infantil, incluidos hospitales de referencia y especialidades de alta complejidad.

• Priorizar áreas críticas, como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardiovascular infantil.

• Asegurar condiciones laborales dignas para residentes y profesionales, con una recomposición salarial mínima que iguale los niveles de noviembre de 2023.

• Implementar un seguimiento federal de la situación sanitaria infantil, a través del Consejo Federal de Salud.

Pese a su aprobación legislativa, el decreto que acompaña la promulgación establece que la ley no tendrá ejecución operativa hasta tanto el Congreso apruebe las partidas presupuestarias correspondientes.

 Universidades: también en espera

La situación se replica con la Ley 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para universidades públicas. Esta norma contempla:

• Actualización automática del presupuesto según la inflación (IPC del INDEC).

• Recomposición salarial para docentes y no docentes, incorporando montos no remunerativos.

• Paritaria nacional obligatoria, con cláusula de actualización mensual.

• Refuerzo de becas y programas de asistencia para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Al igual que en el caso sanitario, la ley quedó sujeta a la futura aprobación del Presupuesto 2026, generando incertidumbre sobre su efectiva implementación y provocando un clima de malestar en el sector académico.

 Una protesta unificada

Frente a esta postergación, distintas organizaciones se movilizarán este martes a Plaza de Mayo. A la convocatoria del personal del Garrahan se sumarán gremios universitarios, colectivos de profesionales de la salud, y familias de personas con discapacidad, todos ellos exigiendo:

• La inmediata aplicación de las leyes aprobadas.

• Una definición urgente del presupuesto que garantice el financiamiento correspondiente.

• Mejores condiciones laborales, salariales y operativas en los sectores afectados.

 El trasfondo: salud y educación en tensión

La postergación en la aplicación de estas leyes refleja las tensiones presupuestarias que atraviesa el Gobierno nacional. Si bien el oficialismo busca consolidar el equilibrio fiscal, enfrenta presión social y política por la situación crítica en hospitales y universidades públicas.

Mientras tanto, los trabajadores del Garrahan continúan con su reclamo, advirtiendo que la demora pone en riesgo la atención médica de miles de niños y la estabilidad laboral de cientos de profesionales. “Promulgar sin ejecutar es incumplir”, expresó un representante de la APyT.

Fuente: TN