Freno a los tarifazos: proponen que municipios paguen el 60% del alumbrado público de las PyMEs chaqueñas
La diputada Katia Blanc presentó dos proyectos de ley ante los aumentos de hasta el 80% en agua y 60% en luz. Las iniciativas buscan que el comercio mantenga el empleo a cambio de alivio fiscal y que las empresas de servicios informen las subas con 80 días de anticipación para que los vecinos puedan «organizar el bolsillo».
La asfixia financiera que atraviesan los comercios y hogares del Chaco llegó a la Cámara de Diputados. La legisladora provincial Katia Blanc oficializó dos proyectos de ley que buscan amortiguar el impacto de las recientes subas en las boletas de SECHEEP y SAMEEP. Según Blanc, los incrementos promedian un 60% en energía y un 80% en el servicio de agua, lo que obliga a muchos chaqueños a «elegir entre pagar un servicio o el otro».
Alivio para el sector comercial El primer proyecto propone un esquema de coparticipación del gasto en alumbrado público: que las PyMEs abonen solo el 40% de ese ítem en sus facturas, mientras que el 60% restante sea absorbido por los municipios. «Buscamos dar un alivio a las PyMEs, que son nuestra mayor generación de empleo», explicó la diputada a Canal 9 y Radio Nordeste. Para acceder, los comercios deberán cumplir con dos requisitos clave: tener local abierto al público y garantizar la estabilidad de su planta de empleados.
Previsibilidad para el hogar La segunda iniciativa apunta a la transparencia y la planificación. La propuesta exige que SECHEEP y SAMEEP habiliten una «ventanilla de simulación» para que tanto comerciantes como familias conozcan con 30 a 80 días de anticipación el monto estimado de los aumentos. «Esto permite hacer el cálculo de los gastos del mes y organizarse», señaló la legisladora, mencionando como ejemplo extremo la situación de la UNCAUS, cuya factura de luz saltó de 1 millón de pesos en diciembre de 2023 a 28 millones en la actualidad.
Ambas propuestas comenzarán a ser debatidas este martes en la Comisión de Industria, donde se solicitarán informes técnicos al Ministerio de Economía y a las empresas estatales para evaluar la viabilidad financiera de las medidas sin descapitalizar a la provincia.
