Francos, jefe de gabinete, criticó la situación en Tierra del Fuego y explicó los motivos detrás del retraso en el «blanqueo» de dolares
Manuel Adorni, vocero presidencial y aspirante a legislador porteño, anunció que las decisiones relacionadas con los dólares se posponen hasta después de las elecciones, para evitar que se les acuse de realizar «anuncios de campaña».
Francos afirmó que aún se trabaja en el marco legal necesario para implementar la flexibilización del uso de estos dólares. El presidente Javier Milei, por su parte, elogió a aquellos que extrajeron sus ahorros en dólares del sistema, señalando que esta estrategia busca evitar que futuros gobiernos los graben con impuestos o restricciones. Para incentivar que ese dinero fluya en el mercado local, Milei garantizó que la agencia tributaria, conocida como «ARCA», no investigará el origen de estas divisas.
No obstante, existe un problema ya que el país tiene acuerdos internacionales sobre la prevención del lavado de dinero. Introducir divisas no declaradas podría ser en contra de dichos acuerdos. Por eso, Francos destacó que «se debe establecer un encuadre jurídico que no es fácil». También se refirió a las protestas y paros en Tierra del Fuego tras el anuncio gubernamental que reduce aranceles e impuestos para la importación de teléfonos celulares. Los trabajadores del sector de ensamble de celulares están en paro, argumentando que la medida los llevará a la quiebra. Francos defendió la política oficial al señalar que «en Tierra del Fuego se ensamblan productos que llegan desarmados del exterior, obteniendo importantes beneficios fiscales».
Los «dólares en el colchón», lavado y regulación El jefe de gabinete ofreció una explicación más convincente que la del vocero respecto a la tardanza en implementar el uso libre de los dólares que los argentinos poseen como «reserva de valor» y que no han sido declarados. En muchos casos, y dependiendo de la cantidad, se puede suponer que estos fondos provienen de posibles actividades de lavado de dinero. Por eso, si el gobierno busca dar tranquilidad a los tenedores, debe considerar cuidadosamente el marco legal. En el pasado, durante los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, hubo una experiencia negativa con un blanqueo que fue investigado posteriormente por la AFIP bajo el mando del kirchnerismo.
Por esta razón, el gobierno nacional decidió reconsiderar sus anuncios. Adorni mencionó que la demora forma parte de la estrategia para no interpretarlo como un anuncio que infrinja la veda electoral. En contraste, el jefe de gabinete se refirió a una situación legal y a las posibles consecuencias internacionales de Argentina en su compromiso con pactos antilavado. Francos proporcionó varios detalles precisos: «Existen diversos temas a considerar, no solo el origen de los fondos, que por supuesto está regido por normas internacionales que Argentina cumple, como las del GAFI». Agregó que es fundamental explicar claramente cómo se justifica esta medida para su implementación.
Controversia y manifestaciones en Tierra del Fuego Otra de las políticas del gobierno es eliminar las regulaciones que obstaculizan la actividad económica y encarecen los productos que los argentinos compran. Un caso representativo es el de Tierra del Fuego, donde el régimen de promoción industrial buscó atraer empresas y fomentar la población en esa área, que se convirtió en provincia en 1990. La ley 19.640, sancionada en 1972, fue prolongada por el kirchnerismo, primero bajo Cristina Fernández de Kirchner hasta 2023 y luego por Alberto Fernández hasta 2038. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei, se busca poner fin a este régimen de promoción industrial. Esta norma favoreció la instalación de «ensambladores» de equipos tecnológicos que llegan ya prearmados del exterior. Al ser consideradas «industrias» protegidas, resultaron en precios más elevados que los productos en el extranjero, y los aranceles también encarecieron su precio en comparación con el comercio internacional.
Por esta razón, el gobierno anunció esta semana la eliminación gradual, en dos etapas, de los aranceles para la importación. Esto permitirá que los precios de los productos tecnológicos en el país se asemejen a los del mercado internacional. Como no se producen en Argentina, sino que se «ensamblan», los productos a mejor precio serán todos importados. Esta resolución ha originado protestas en Tierra del Fuego. Guillermo Francos defendió la posición del gobierno: «Existen muchos argumentos que los productores que disfrutan de este beneficio defenderán, pero ya es tiempo de que este régimen ofrezca condiciones de competitividad más adecuadas». Al no ser producidos, sino ensamblados en la provincia austral, los equipos tecnológicos no son considerados verdaderamente de «industria argentina». Sin embargo, sus precios son elevados y los beneficios prácticamente eliminan la competencia internacional.
El jefe de gabinete afirmó: «Estoy convencido de que en el sur se exageran las cosas” y añadió: «Los productos de Tierra del Fuego llegan al resto del país a un costo muy alto y deberán ajustarse a la nueva normativa».
