Fondos buitre reclaman el 51% de YPF tras fallo judicial en EE.UU. y tensan conflicto con Argentina
Varios fondos buitres buscan obtener acciones de YPF tras un polémico fallo de una jueza estadounidense. En un reciente fallo, la jueza Loretta Preska de Nueva York ordenó que se entregara el 51% de YPF, la principal petrolera argentina, a un grupo de acreedores. Estos nuevos fondos, que rechazaron participar en el canje de bonos en default del 2001, están buscando prioridad para hacer valer su deuda.
Sebastián Maril, director de Latam Advisors, indicó que estos nuevos acreedores han presentado demandas en la justicia de EE. UU. con el objetivo de recibir esas acciones como compensación por los bonos en default. Según Maril, los beneficiarios de sentencias relacionadas con deuda también están pidiendo que se les permita tomar control de las acciones de YPF propiedad del Estado, además de buscar prioridad sobre otros casos previos relacionados con la expropiación de YPF.
Los nuevos demandantes incluyen a los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, que no participaron en los juicios de expropiación, pero tienen sentencias firmes contra Argentina en tribunales de EE. UU. Estos fondos aún poseen deuda soberana que entró en default tras la crisis de 2001.
Attestor Master Value y Trinity Investments están representados por el abogado Dennis Hranitzky, conocido por su éxito en el caso de la Fragata Libertad en Ghana en 2012. Estos fondos han solicitado a la jueza Preska una orden “me too”, que permite que el efecto de una sentencia previa se extienda a nuevos beneficiarios, buscando así participar en la ejecución de las acciones de YPF.
Los acreedores argumentan que Argentina aún posee el 51% de YPF y que este activo debe ser utilizado para satisfacer las sentencias aún pendientes. Su derecho, sostienen, conforme a la legislación estadounidense y las normas internacionales aplicables a defaults soberanos.
Latam Advisors señaló que estos fallos son anteriores a las causas de Petersen/Eton y Bainbridge, lo que abre un debate sobre el alcance de las futuras ejecuciones. Esta solicitud se suma a una serie de demandas pendientes y ejerce presión sobre el activo más valioso del Estado en el exterior: el control accionario de YPF.
El Gobierno argentino espera la respuesta de la jueza Preska sobre un pedido para suspender el fallo y planea apelar ante una Corte de segunda instancia en EE. UU. La solicitud, presentada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, argumenta que los argumentos del Gobierno tienen posibilidades de éxito, y que su negativa a conceder la apelación podría causar perjuicios, así como a otras partes involucradas, teniendo en cuenta el interés público.
