Fallo histórico en Tucumán: el Estado y un exjuez fueron responsabilizados por el femicidio de Paola Tacacho
La Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán dictó un fallo sin precedentes en la lucha contra la violencia de género. La Justicia provincial responsabilizó al Estado tucumano y al exjuez Juan Francisco Pisa por el femicidio de Paola Tacacho, la profesora asesinada en 2020 tras denunciar 14 veces a su acosador sin obtener protección.
El fallo establece que ambos deberán pagar una indemnización de 36.424.858,93 pesos a la familia de la víctima, al reconocer que hubo graves fallas judiciales e institucionales que facilitaron el crimen. La sentencia también marca un precedente judicial, al considerar al Estado como corresponsable por no actuar ante una situación de riesgo extremo debidamente documentada.
Un femicidio anunciado
Paola Tacacho tenía 32 años, era docente de inglés y vivía en San Miguel de Tucumán. Durante cinco años fue víctima de hostigamiento constante por parte de Mauricio Parada Parejas, un exalumno que la acosaba desde 2015. A lo largo de ese tiempo, Paola presentó al menos 22 denuncias, de las cuales 14 fueron judicializadas, pero solo una llegó a juicio, y en esa instancia el juez Pisa decidió sobreseer al acusado.
El 30 de octubre de 2020, Parada Parejas la interceptó en la vía pública, la asesinó a puñaladas y luego se quitó la vida. Informes judiciales previos ya advertían que Paola estaba en riesgo de ser asesinada, pero muchas de las causas se archivaron, una de ellas incluso por “falta de espacio físico” en el juzgado.
Tras el crimen, la familia de Paola impulsó un juicio político contra el juez Pisa, quien fue finalmente destituido en 2021 por mal desempeño. Ahora, este nuevo fallo reafirma su responsabilidad, no solo en términos éticos, sino también económicos y judiciales.
“El Estado es responsable del femicidio de mi hija. La abandonaron y hoy la Justicia nos da la razón”, declaró Mariela Tacacho, madre de la víctima. “Paola hizo todo lo que debía hacer. Fue a cada institución, denunció una y otra vez. Nunca nadie la escuchó”, agregó.
La familia insistió en que la lucha nunca fue por dinero. “No nos interesa la indemnización. Lo que buscamos es que se reconozca la responsabilidad del Estado y de los funcionarios que fallaron”, enfatizó Mariela.
Un fallo que puede sentar jurisprudencia
La sentencia no solo representa un acto de reparación hacia la familia de Paola, sino que también podría abrir la puerta a nuevos criterios judiciales sobre la responsabilidad estatal ante casos de violencia de género.
Al marcar como responsables a un Estado provincial y a un exmagistrado, la Justicia tucumana plantea un cambio en la forma de abordar las fallas institucionales que preceden a muchos femicidios. La resolución podría convertirse en jurisprudencia para casos similares en el futuro.
