Extraordinaria en Chaco: buscan consolidar deudas y reformar el régimen portuario
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, convocó a la Legislatura provincial a una sesión extraordinaria este martes 9 de diciembre a las 18, con el fin de debatir dos proyectos considerados críticos por el Poder Ejecutivo: la consolidación de deudas provinciales mediante Bonos de Consolidación 2025 y la modificación del régimen de administración portuaria establecido en la Ley Nº 1115-T.
En la nota formal dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Zdero sostuvo que la convocatoria se realiza “en uso de las facultades previstas por los artículos 112 y 141 inciso 7 de la Constitución Provincial”, y argumentó que ambos temas buscan resolver cuestiones que “no admiten dilaciones” en la gestión pública.
Consolidación de deudas: ordenamiento financiero
El primer proyecto propone unificar obligaciones financieras vigentes y mejorar sus condiciones de pago a través de nuevos bonos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal y dar mayor previsibilidad presupuestaria. La medida permitiría reunir en una única obligación préstamos personales, tarjetas de crédito, cuotas vencidas, deudas con cooperativas y mutuales con código de descuento, y compromisos con entidades financieras, incluso en situación irregular.
El subsecretario de Legal y Técnica y diputado provincial electo, Julio Ferro, destacó que esta ley facilitaría la planificación de pagos a proveedores —incluyendo sectores como obra pública, salud e Insssep— y contribuiría a ordenar las finanzas provinciales, generando previsibilidad para los acreedores. Según afirmó, se buscará consenso para su aprobación.
Reforma portuaria: más inversión y participación privada
El segundo expediente plantea cambios en la Ley Nº 1115-T para incorporar mecanismos de iniciativa privada y esquemas de participación público-privada con el objetivo de atraer inversiones al sistema portuario. La selección de operadores deberá realizarse mediante licitación pública, garantizando igualdad, libre concurrencia y amplia participación.
Si la gestión de los puertos se delega al sector privado, la normativa exigirá que los servicios se brinden a cualquier persona o empresa que los solicite, respetando las tarifas y condiciones fijadas por el Estado.
