Escándalo financiero: Múltiples allanamientos en la Bolsa de Comercio, el Municipio de Sáenz Peña y estudios privados
En una jornada de intensa actividad judicial, la Justicia Federal ejecutó operativos simultáneos en Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña. La causa investiga un presunto perjuicio patrimonial de 1.800 millones de pesos mediante inversiones con fondos públicos no garantizados.
La investigación por presuntas irregularidades financieras suma un nuevo capítulo. Desde las primeras horas de este martes, la Justicia Federal desplegó una serie de allanamientos orientados a secuestrar documentación y dispositivos electrónicos para reconstruir el circuito financiero bajo sospecha. El procedimiento principal se realizó en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH), sobre la calle Frondizi 174, enfocándose en las oficinas de cuatro operadores bursátiles. También se registró un domicilio particular en la calle Catamarca.
Las medidas alcanzaron dependencias de la Municipalidad de Sáenz Peña y oficinas profesionales vinculadas a Diego Landriscina, secretario de Gobierno en licencia, en el marco de la denuncia presentada por el diputado Santiago Pérez Pons, que pone el foco sobre el manejo de fondos públicos, la falta de control en las transacciones municipales y operaciones que habrían perjudicado las arcas públicas. La justicia busca determinar si hubo una estructura diseñada para desviar fondos bajo la apariencia de inversiones legales.
Además, confirmaron que el gerente general de la BCCH, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje camino a la Ciudad Termal, donde se le secuestró su teléfono celular, aunque no quedó detenido.
Ampliación de denuncia del diputado Pérez Pons
El avance judicial se produce tras la presentación de pruebas por parte del diputado provincial Santiago Pérez Pons. El legislador aportó documentos que comprometerían al intendente Bruno Cipolini, a la secretaria de Economía, María Alejandra Quintana, y al propio Landriscina por presunto incumplimiento de deberes, malversación de caudales públicos y peculado.
Según la denuncia, el municipio habría volcado fondos públicos a inversiones de alto riesgo no contempladas en el presupuesto ni autorizadas por ordenanza. Como contrapartida, la comuna habría recibido cheques de una empresa privada que no fueron cubiertos al vencimiento, generando una pérdida millonaria.
La investigación pone la lupa sobre el rol de Diego Landriscina. De acuerdo con la documentación judicial Landriscina estaba autorizado para operar la cuenta comitente del Municipio. Paralelamente, se desempeñaba como manager de cuentas en la Bolsa de Comercio, por lo que el legislador prvincial acusó de que el funcionario habría percibido comisiones por estas operatorias que, solo en 2025, superarían los 15 millones de pesos.
Pérez Pons subrayó que el intendente Cipolini firmó personalmente la apertura de la cuenta y aceptó los riesgos de la operatoria. «Nadie puede decir que no sabía. Se cambió el perfil inversor del Municipio habilitando instrumentos de mayor riesgo», sentenció el diputado.
