Escándalo en Tucumán: denuncian a un intendente por presunto uso de fondos públicos para lujos de su pareja
El jefe comunal de Colalao del Valle, Gastón Gustavo Morales, se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de viajes internacionales y costosos regalos a su pareja de 24 años. La oposición en el Concejo Deliberante exige informes sobre el origen del dinero.
Un clima de fuerte tensión e indignación atraviesa la localidad tucumana de Colalao del Valle. El intendente del municipio, Gastón Gustavo Morales (65), fue denunciado públicamente y ante los organismos de control por el ostentoso estilo de vida que exhibe junto a su pareja, una joven de 24 años. La controversia estalló tras la viralización de imágenes que muestran viajes de lujo y bienes de alta gama que no coincidirían con los ingresos declarados del funcionario.
Según los testimonios y registros que circulan en la región, la joven habría recibido recientemente una camioneta RAM 0 km y dispositivos tecnológicos de última generación. Además, en redes sociales se difundieron fotografías de la pareja en destinos internacionales como Miami, Cancún y diversos puntos de Europa, lo que desató el repudio de la comunidad local.
Contraste social y reclamo vecinal Mientras trascienden estos gastos millonarios, los vecinos de Colalao del Valle denuncian un estado de abandono en la infraestructura básica. Las quejas apuntan a la falta de asfalto, la carencia de insumos esenciales en el hospital local y el freno de obras públicas prometidas. «No hay presupuesto para arreglar una ambulancia, pero sí para camionetas de lujo», señalaron comerciantes de la zona.
Pedido de informes y defensa oficial El escándalo escaló hasta el Concejo Deliberante, donde ediles de la oposición presentaron un pedido de informes para transparentar el origen de los fondos. Los concejales buscan determinar si se utilizaron recursos del erario público para financiar gastos personales del intendente y su entorno.
Por su parte, desde el círculo cercano a Morales afirmaron que se trata de gastos pertenecientes a su «vida privada» y negaron cualquier tipo de irregularidad administrativa. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado comprobantes ni documentación oficial que respalde la procedencia lícita de los fondos para costear semejante despliegue de riqueza. No se descarta que la Justicia provincial inicie una investigación por presunto enriquecimiento ilícito o malversación de caudales públicos.
