Escándalo en la Procuración del Tesoro por filtraciones en la causa YPF
El Gobierno nacional ordenó el despido de funcionarios de la Procuración del Tesoro luego de detectar posibles filtraciones y presunta venta de información sensible en el marco del juicio internacional por la estatización de YPF, que se tramita en los tribunales de Nueva York.
Desde Casa Rosada se confirmó que se inició una reestructuración del organismo encabezado por Santiago Castro Videla, quien fue designado por recomendación del entorno de Santiago Caputo. Según fuentes oficiales, hubo preocupación por maniobras irregulares dentro del equipo jurídico, que podrían haber favorecido al fondo Burford Capital, beneficiario del fallo adverso a Argentina.
“Creemos que hubo venta de información”, dijo una fuente oficial, y adelantaron que se disolverán varias áreas internas de la Procuración, en una purga que apunta a reforzar la confidencialidad en causas millonarias que involucran al Estado.
El caso por la expropiación de YPF sigue en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito de apoyo a Argentina, advirtiendo que entregar acciones de una empresa estatal como YPF violaría las leyes de inmunidad soberana. La presentación fue firmada por David E. Farber, en nombre del fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
A pesar del respaldo estadounidense, la jueza Loretta Preska, de perfil conservador, ya ordenó el traspaso del 51% de las acciones de YPF, lo que pone en riesgo una parte clave del capital estatal en la petrolera.
El fallo original condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones, por considerar “irregular” el proceso de estatización iniciado en 2012. Burford Capital compró los derechos litigiosos de los exaccionistas Petersen y Eton Park, y busca ejecutar la sentencia.
Argentina ahora busca sumar más apoyos internacionales a través de presentaciones como amicus curiae. Se baraja que países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania podrían unirse en respaldo de la posición nacional.
El analista Sebastián Maril sostuvo que la intervención del Gobierno estadounidense busca frenar la ejecución del fallo, aunque no alcanza aún al pedido de apelación sobre los USD 16.100 millones, ni al traspaso de las acciones.
