Escándalo en la Armada: acusan a Coré de instruir la trituración de documentos
La justicia federal abrió una investigación contra el vicealmirante Juan Carlos Coré, director general del Estado Mayor de la Armada, por una instrucción interna emitida en enero que ordenaba trasladar el Archivo General de la Armada y triturar parte de su documentación. La maniobra quedó al descubierto cuando archivistas y organismos de derechos humanos alertaron que entre esos materiales podría haber información clave para causas de lesa humanidad. A raíz del aviso, distintas fiscalías y juzgados dictaron medidas para frenar tanto el traslado como la destrucción de los papeles.
La denuncia, presentada por el fiscal Félix Crous, sostiene que la orden violaba normativas vigentes y podría constituir un intento de eliminar pruebas. La causa quedó a cargo del fiscal Ramiro González en el juzgado de Daniel Rafecas, que concentra expedientes centrales sobre crímenes del terrorismo de Estado. Aunque la Armada negó inicialmente haber emitido la instrucción, luego envió al tribunal la documentación que confirma la firma de Coré en el mensaje naval reservado del 8 de enero.
El hecho se enmarca en una serie de decisiones del Poder Ejecutivo que, durante el último año, modificaron o desmantelaron equipos dedicados al acceso, preservación y análisis de archivos militares. Entre esos cambios figuran la eliminación de áreas que colaboraban en investigaciones por apropiaciones de niños, la disolución de grupos de trabajo orientados al relevamiento documental y la degradación institucional del Archivo Nacional de la Memoria. Para los fiscales, este contexto refuerza la hipótesis de una estrategia orientada a limitar el acceso a información sensible.
La Armada también tiene antecedentes de destrucción de registros: en los años ochenta, la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales eliminó documentos relacionados con el funcionamiento del grupo de tareas de la ESMA. A ello se suman casos posteriores, detectados en democracia, como la adulteración de legajos de oficiales involucrados en delitos del terrorismo de Estado. La nueva investigación vuelve a poner en debate la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la preservación de documentación histórica y los mecanismos de control necesarios para garantizar que ningún archivo relevante sea alterado o eliminado.
