Escándalo en el Servicio Penitenciario Federal por el negocio de la comida
La Justicia federal investiga un presunto esquema de cartelización en el servicio de alimentación del Penal de Ezeiza que tiene como principal apuntado al director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Julián Martínez. El funcionario, designado en 2024 durante la gestión de Patricia Bullrich, fue allanado por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una causa que analiza posibles vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos.
La investigación sostiene que Martínez habría favorecido a determinadas firmas mediante licitaciones amañadas. La empresa Bio Limp SA, actual concesionaria del servicio, es señalada como una compañía “pantalla” vinculada a Foodrush, firma previamente sancionada por la Justicia tras denuncias por alimentos en mal estado. Según la causa, ambas empresas compartirían vehículos, empleados y estructura operativa.
Los reclamos de los internos del Penal de Ezeiza derivaron en un habeas corpus por la entrega de comida en condiciones deficientes. Inspecciones oficiales detectaron presencia de bacterias como Escherichia coli, y el propio juez Villena sufrió una descompostura tras ingerir los alimentos que consumían los detenidos. Esto motivó la exclusión de Foodrush de futuras licitaciones, aunque luego el servicio fue adjudicado a Bio Limp, pese a no contar con antecedentes en gastronomía.
Durante el allanamiento, Martínez se negó inicialmente a entregar su teléfono celular y presentó un dispositivo en desuso. Un informe técnico reveló que el celular de uso habitual tuvo actividad una hora antes del operativo, lo que abrió la sospecha de una posible filtración y destrucción de pruebas. La causa también analiza el uso por parte del funcionario de un vehículo vinculado a un empresario prófugo.
La investigación continúa y apunta a desarticular lo que el magistrado describió como “mafias enquistadas” dentro del sistema penitenciario federal.
