El Senado bajó a 14 años la edad de imputabilidad
El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa fue aprobada por 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y ahora aguarda su reglamentación y publicación oficial.
El proyecto, impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, crea un sistema especializado para adolescentes de 14 a 18 años. La norma prevé procedimientos diferenciados, separación de jóvenes y adultos en ámbitos judiciales y penitenciarios, y un esquema de sanciones progresivas con eje en la reinserción.
Durante el debate, Bullrich defendió la reforma al sostener que el Estado debía garantizar consecuencias frente al delito, más allá de la edad del autor. La sesión incluyó además un minuto de silencio en homenaje a víctimas, en un clima de fuerte confrontación política.
Desde el bloque peronista cuestionaron la constitucionalidad de la medida y advirtieron sobre la insuficiencia de fondos para las provincias. Según se informó, el presupuesto asignado asciende a $23.700 millones, cifra que —según los críticos— resultaría limitada para adecuar infraestructura y crear espacios especializados en los 24 distritos.
Senadores como Jorge Capitanich y Martín Soria argumentaron que el texto podría generar litigiosidad y vulnerar principios vinculados a la culpabilidad disminuida en menores. También plantearon que la norma prioriza el enfoque punitivo por sobre políticas integrales de protección de derechos.
La ley incorpora principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad. Además, contempla la participación activa de las víctimas, con asistencia jurídica y psicológica, y habilita medidas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico y programas educativos.
Con la sanción, el oficialismo celebró un cambio estructural en el sistema penal juvenil, mientras que la oposición anticipó cuestionamientos judiciales. La aplicación concreta dependerá ahora de la reglamentación y de cómo se instrumente el nuevo régimen en cada provincia.
