El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia Alimentaria
En un debate sin voces altisonantes pero en el que se escucharon duras críticas cruzadas entre oficialismo y oposición, el Senado sancionó la Ley de Emergencia Alimentaria, medida que obligará al Poder Ejecutivo a incrementar en, al menos un 50%, las partidas presupuestarias destinadas a planes alimentario y de nutrición que reciben los sectores sociales más vulnerables.
La ley fue sancionada por unanimidad de los 61 senadores presentes. Se repitió así un escenario similar al registrado la semana pasada, cuando la Cámara de Diputados aprobó, también sobre tablas, el proyecto elaborado en base a iniciativas impulsadas por los bloques opositores al Gobierno.
A pesar de que habían anunciado que manifestarían hasta que la ley fuera sancionada, los grupos piqueteros que se habían concentrado frente al Congreso, entre los que se destacaban el Polo Obrero y Barrios de Pie, ya habían desconcentrado cuando, cerca de las 15, comenzó el debate.
En realidad, la emergencia alimentaria está vigente de 2002. La ley sancionada ayer la extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. Según algunos cálculos, el impacto de la norma ascendería a los $ 10.000 millones, si se toma como base los fondos presupuestados ejecutados hasta el 31 de agosto último. Según fuentes del oficialismo, la medida no tendrá costo fiscal ya que se alcanzará reasignando partidas.
La sesión estuvo cruzada por un clima de tensión política contenida de manera artificial, como consecuencia del acuerdo entre todas las bancadas para evitar exacerbar la crisis social. «El momento del país no es para hacer declaraciones grandilocuentes», reconoció el delicado momento María de los Angeles Sacnun (FPV-Santa Fe) en la apertura del debate.
No obstante los buenos modos que imperaron, el debate no estuvo exento de acusaciones políticas, en particular desde las bancas opositoras.
«Estamos ante un hecho político significativo, estamos ante la carnalidad de la visibilidad del hambre», denunció el líder de la bancada kirchnerista, Marcelo Fuentes (FPV-Neuquén), quien le reprochó al Gobierno de Mauricio Macri no haber aumentado las partidas alimentarias por decreto.
El jefe del bloque oficialista, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), salió al cruce de las acusaciones del kirchnerismo, recordándoles los indicadores sociales que dejó en 2015, cuando abandonó el poder. Fue el momento de mayor tensión del debate.
«Al final, si hablamos de pobreza en el año 2015, cuando nos hicimos cargo, la pobres tenían un indicador del 30%., el 34% de los argentinos en situación de precariedad e informalidad y 50% de los chicos no habían terminado la secundaria», sentenció.
Naidenoff también le enrostró al kirchnerismo haber entregado el gobierno «en default, con cinco tipos de cambios, con una economía con socios pocos confiables como Venezuela e Irán». Si bien el escaño de Cristina Kirchner estaba vacío, los senadores del FPV se revolvían ofendidos en sus bancas. No tanto como, el vicepresidente del Bloque Justicialista, José Mayans (Formosa), que gritaba a voz en cuello desde su banca intentando interrumpir la intervención del líder de la bancada de Cambiemos.
Antes de este cierre con gritos y polémica, el debate se desarrolló con total normalidad. Así, y a pesar de destacar que no le parecía el recinto del Senado «el ámbito para echarnos la culpa», el jefe del Bloque Justicialista, Carlos Caserio (Córdoba), dijo que se llegó a la emergencia económica como consecuencia de «políticas económicas equivocadas, erráticas».
En un punto equidistante se ubicó Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), quien sin dejar de destacar que la pobreza y la indigencia alcanzan al 40% de la población se preocupó por destacar que la emergencia alimentaria no es una novedad.
«Estamos prorrogando una emergencia que está vigente desde 2002», señaló el puntano, extendiendo las responsabilidades por la situación social a las administraciones kirchneristas.
Fuente: La Nación.-
