El Senado aprobó dictamen para adecuar la ley de Glaciares y el debate pasó al 10 de febrero

Tras un debate entre Gobierno, provincias, el sector minero y las organizaciones ambientales, se firmó el dictamen y el proyecto pasó a febrero, cuando se prevé su tratamiento en el recinto.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron este martes el dictamen del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Tras una jornada de exposiciones, el tratamiento en el recinto quedó previsto para el próximo 10 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

El plenario, presidido por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), se desarrolló en el Salón Arturo Illia y dio continuidad al cuarto intermedio dispuesto en la jornada anterior.

El proyecto redefine el objeto de la ley de Glaciares para dejar en claro que el bien protegido son aquellos glaciares y geoformas periglaciales que cumplen funciones hídricas reales, como reservas estratégicas de agua o proveedores para la recarga de cuencas.

Participaron representantes de organizaciones ambientales, del sector científico, del ámbito empresario minero y los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes cerraron el debate político antes de la firma del dictamen.

Durante el encuentro, las organizaciones ambientales expresaron fuertes objeciones a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que el proyecto introduce cambios “por vía de la interpretación” que, a su entender, alteran el espíritu original de la ley y el esquema constitucional vigente.

En la misma línea, referentes de Aves Argentinas, Greenpeace y el Círculo de Políticas Ambientales cuestionaron la celeridad del tratamiento y reclamaron mayor participación pública.

Desde el ámbito científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), defendió el Inventario Nacional de Glaciares, concluido en 2018 y reconocido internacionalmente, al señalar que no presenta errores significativos y que actualmente se encuentra en proceso de actualización.

Otros especialistas remarcaron la complejidad de los ecosistemas glaciares y alertaron sobre los riesgos de una eventual flexibilización normativa.

El sector empresario minero, en cambio, respaldó la iniciativa oficial. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sostuvo que el objetivo de la industria es proteger los glaciares en tanto cumplan funciones estratégicas como reservas de agua, y afirmó que la ley vigente presenta imperfecciones que generan incertidumbre jurídica.

A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), destacó la necesidad de una minería responsable para acompañar el crecimiento económico y la transición energética.

Las posiciones más críticas llegaron desde el ámbito jurídico-ambiental. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el debate como “un proceso exprés nunca visto” y advirtió que el proyecto, de avanzar, podría incrementar la inseguridad jurídica y derivar en nuevos conflictos judiciales.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de los gobernadores de San Juan y Catamarca, por ser los presidentes de la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, respectivamente.

Marcelo Orrego afirmó que su provincia tiene voluntad de proteger los glaciares y el ambiente periglacial cuando constituyan reservas de agua estratégicas, pero remarcó la necesidad de una ley de presupuestos mínimos que permita una aplicación clara y efectiva. Raúl Jalil, en tanto, subrayó la importancia de evaluar integralmente los impactos ambientales, sociales y económicos de la minería, y destacó el crecimiento del empleo formal del sector en Catamarca como un factor clave para el desarrollo y la diversificación productiva.

Con la firma del dictamen, el proyecto quedó formalmente habilitado para su debate en el recinto del Senado el 10 de febrero, fecha en la que se anticipa una discusión intensa en torno al equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo de la actividad minera en la Argentina.

La postura del Gobierno nacional con la ley de Glaciares

El Gobierno nacional defiende la adecuación de la ley de Glaciares como una ley aclaratoria y no regresiva, cuyo objetivo es ordenar su aplicación y reducir la incertidumbre jurídica sin modificar las prohibiciones centrales ni afectar proyectos en marcha.

Desde el Ejecutivo lo sintetizan de forma directa: “No es una ley nueva, es una ley aclaratoria para tener una mejor interpretación”, explicaron a Energy Report fuentes oficiales que participaron en la redacción del texto enviado al Congreso, subrayando que la iniciativa responde a reclamos históricos de las provincias cordilleranas.

La Casa Rosada sostiene que la adecuación persigue un doble objetivo estratégico: garantizar la protección efectiva del agua y respetar el federalismo consagrado en la Constitución Nacional. “El objetivo de la ley es garantizar un ambiente sano y respetar la autonomía federal, y como sostuvo la Corte Suprema, también respetar el federalismo de concertación”, remarcan desde el Ejecutivo.

En ese marco, el proyecto se apoya explícitamente en los artículos 41 y 124 de la Constitución. “Respetar la autonomía provincial no es un capricho, es un mandato constitucional”, afirman, al tiempo que rechazan de plano las interpretaciones que hablan de una flexibilización ambiental.

Desde el Gobierno también buscan despejar dudas sobre el impacto de la iniciativa en las inversiones y el marco regulatorio vigente. “El proyecto no desprotege el ambiente, aclara los alcances y responde a un mandato constitucional”, enfatizan.

Además, aseguran que la adecuación no tendrá efectos retroactivos: “Si se aprueba la ley, no se modifican los RIGI aprobados ni las Declaraciones de Impacto Ambiental ya aprobadas”, ni genera implicancias sobre el Acuerdo de Escazú.

Para el oficialismo, la reforma no implica un retroceso ambiental, sino una corrección necesaria para brindar reglas claras, previsibilidad jurídica y desarrollo sostenible en un sector clave para la economía argentina.

Fuente: Ámbito. –