El oficialismo trabaja en la reglamentación de la Reforma Laboral: busca blindarla ante posibles judicializaciones
El Ejecutivo apunta a publicar la normativa en la primera semana de marzo con definiciones que reduzcan los márgenes de interpretación y litigiosidad.
Se espera que la ley enfrentará impugnaciones judiciales apenas entre en vigencia. En el Ejecutivo aseguran que el objetivo es publicar el decreto reglamentario en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo, con definiciones que reduzcan márgenes de interpretación y litigiosidad. El Senado terminará de ratificarla el viernes.
El texto está siendo revisado por equipos técnicos y jurídicos con la premisa de “blindar” la implementación frente a amparos y planteos de inconstitucionalidad. En Nación repiten que la judicialización es un escenario “inevitable” y sostienen que la reglamentación debe ordenar la aplicación práctica de artículos sensibles, en particular los vinculados a transición, vigencia y alcance.
La Casa Rosada apoya en paralelo su estrategia en el rediseño del mapa judicial laboral que quedó incorporado al debate de la reforma. “Por eso disolvimos el fuero”, remarcan en el oficialismo, en referencia al esquema de traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y a la progresiva disolución del fuero nacional una vez formalizado el acuerdo.
El sustento normativo de ese giro ya tuvo avances concretos con el decreto 95/2026, que delegó en el jefe de Gabinete la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia de competencias judiciales laborales del ámbito nacional a CABA. En paralelo, el propio texto del proyecto contempla la “vigencia transitoria” de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se instrumente la transferencia y luego su “progresiva disolución”.
El Gobierno argumenta que esa arquitectura cumple un rol político y jurídico: reduce la incidencia del fuero laboral nacional —señalado por el oficialismo como más adverso— en los primeros planteos contra la reforma, aunque el traspaso no es automático y exige pasos institucionales, incluida la implementación operativa en la Ciudad.
El Ejecutivo pone la mira en paralelo sobre el frente sindical, a raíz de que distintos espacios gremiales ya anticiparon que recurrirán a tribunales para cuestionar artículos de la reforma, con énfasis en principios constitucionales como la protección del trabajo y la no regresividad de derechos.
La Casa Rosada apuesta a que la reglamentación funcione como “blindaje” técnico en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos. En el oficialismo asumen que la letra fina del decreto reglamentario será determinante para acotar conflictos en los primeros casos testigo.
En Balcarce 50 advierten que ya tienen una estrategia judicial y descuentan que el proceso terminará por definirse en la Corte Suprema. Argumentan además que la obligación de adecuar fallos a la jurisprudencia del máximo tribunal forma parte del esquema para acotar cautelares y unificar criterios en los tribunales. “Creemos que tenemos condiciones para ganar la disputa judicial”, expresan.
