El Gobierno será querellante en la causa del fentanilo mortal
La Justicia federal aceptó que el Ministerio de Salud de la Nación participe como querellante en la investigación por la distribución de fentanilo contaminado, que estaría vinculado a la muerte de 53 pacientes en hospitales y clínicas del país. La causa, que se tramita en el juzgado federal de La Plata, tiene como eje la responsabilidad de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, ya inhabilitados por la ANMAT.
La solicitud fue realizada por la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones, bajo el argumento del «interés legítimo del Estado en el esclarecimiento de los hechos y la protección de la salud pública». El juez Ernesto Kreplak accedió y consideró que no hay incompatibilidad para que el Ministerio actúe como víctima institucional.
Según fuentes oficiales, el fentanilo contaminado contenía bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti. El primer hospital en denunciar la situación fue el Hospital Italiano de La Plata, donde 18 pacientes se infectaron y 15 fallecieron. Este establecimiento ya fue admitido como querellante.
En paralelo, el juzgado analiza 267 expedientes contra HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, 117 de ellos por desvíos de calidad. La ANMAT había emitido 133 alertas sanitarias antes del escándalo, y ahora se aguardan peritajes clave, como el del batch record, que detalla el proceso completo de fabricación del fentanilo involucrado.
La investigación también apunta a la familia García Furfaro, quienes dirigen ambas empresas. Ariel García, ex socio del sindicalista Víctor Santa María y cercano al kirchnerismo, aparece como el rostro visible. Su madre, su abuela y su hermano ocupan cargos formales en el directorio. Ante la Justicia, afirmaron ser víctimas de una campaña de desprestigio.
El expediente también incluye hechos confusos como la presunta vandalización de oficinas de HLB Pharma en San Isidro, ocurrida justo antes de un allanamiento clave. Aunque se denunció un robo, los propios dueños nunca impulsaron la causa. Testigos aseguraron que camiones cargaron documentación días antes del operativo.
