El Gobierno rechazó el informe de la ONU sobre detenciones y protestas
El Gobierno nacional repudió el informe del Comité contra la Tortura de la ONU, que advirtió por el hacinamiento en comisarías, las condiciones de detención y el accionar de las fuerzas de seguridad en protestas. El Ministerio de Seguridad calificó al documento como “sesgado”, con “ataques infundados” y una lectura que —según su postura— omite hechos graves ocurridos durante la gestión de Alberto Fernández.
El informe del organismo internacional señaló irregularidades en el trato a personas detenidas, especialmente en comisarías donde, según la ONU, persisten celdas sin ventilación, sanitarios deficientes, falta de acceso a agua potable y atención médica demorada. También volvió a reclamar que estas dependencias no se utilicen para detenciones prolongadas.
Otro punto crítico fue el accionar policial en marchas y protestas. El Comité cuestionó un “uso excesivo de la fuerza” y la flexibilización de normas que regulan la identificación de agentes y el empleo de armas, tanto letales como no letales. Como ejemplo, mencionó las protestas de marzo, en las que resultó gravemente herido el fotoperiodista Pablo Grillo, hecho por el que un gendarme está procesado.
Desde el Ministerio de Seguridad respondieron que el documento está “influido por organizaciones militantes”, carece de equilibrio y “reviste de falsa neutralidad”. Además, afirmaron que pasa por alto episodios como los abusos policiales en pandemia, el caso de Magalí Morales, el Vacunatorio VIP y hechos graves registrados entre 2020 y 2023.
El Comité también expresó preocupación por denuncias de torturas y malos tratos en cárceles y comisarías desde 2024, citando casos recientes como el penal de Piñero, donde se registraron simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abusos sexuales. Cuestionó además el aumento de la población penitenciaria, la sobreocupación y el impacto del traspaso del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad.
Por otro lado, la ONU advirtió sobre detenciones masivas, hostigamiento policial y abusos en operativos en la vía pública, así como prácticas irregulares de patrullas municipales en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno replicó que el Comité ignora responsabilidades provinciales y criticó el énfasis puesto en estos cuerpos locales, a los que considera necesarios frente a la falta de recursos bonaerenses.
