El Gobierno rechaza aplicar fondos pese al fallo por discapacidad
El Gobierno confirmó que no destinará partidas para ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad, a pesar del fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó su aplicación inmediata. Altas fuentes oficiales afirmaron que “no hay fondos disponibles” y anticiparon que el Ejecutivo apelará la decisión judicial que declaró inválida la suspensión de la norma dispuesta por el Decreto 681/2025.
El juez Adrián González Charvay consideró que el artículo que frenaba la ley era inconstitucional y que el Estado debía garantizar medidas urgentes para personas con discapacidad, especialmente niños y adultos mayores. También destacó la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el derecho al cuidado, remarcando que la falta de aplicación afecta derechos esenciales como salud, educación e inclusión.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley fue sancionada sin definir su fuente de financiamiento, y que ejecutarla pondría en riesgo la estabilidad fiscal. Argumentan que el Congreso debe incluir las partidas en el próximo presupuesto, en línea con la reforma planteada en la futura Ley de Estabilidad Fiscal, aún no tratada en Diputados.
La causa fue impulsada por familias, organizaciones y prestadores que denunciaron una crisis estructural por la pérdida del poder adquisitivo de los aranceles, el cierre de instituciones y la interrupción de tratamientos. Informes técnicos señalaron que entre 2023 y 2025 la inflación acumulada superó ampliamente los ajustes otorgados al sector.
El magistrado también rechazó los argumentos fiscales del Ejecutivo: recordó que el Congreso habilitó al Jefe de Gabinete a reasignar partidas para financiar la ley y que desde 2023 se realizaron más de 19 modificaciones presupuestarias para otros fines. Para el juez, la suspensión configuró una violación del principio de supremacía constitucional y un uso discrecional de los recursos públicos.
El conflicto ahora se trasladará a la Cámara Federal, mientras organizaciones y familias afectadas mantienen la presión para que la normativa entre en vigencia de manera efectiva.
