El Gobierno pretende privatizar un mayor número de empresas públicas, aunque los procesos están en un punto muerto
Más de 30 entidades estatales figuran en los planes de privatización. Si bien algunas han comenzado transformaciones legales o negociaciones con provincias, la mayoría sigue bajo control estatal sin avances palpables.
Más de un año después de iniciar la gestión del presidente Javier Milei, el plan oficial para disminuir la participación estatal en el ámbito empresarial no ha logrado progresos significativos. A pesar de que más de 30 empresas públicas están en la lista de privatización, incorporación de capital privado o cierre, muchas iniciativas aún no se han concretado o han fracasado en las primeras licitaciones.
El Gobierno asegura que, a pesar del ajuste, el tamaño del Estado no ha crecido. En términos de subsidios y empresas, la estructura estatal se redujo con la venta de Impsa, el cierre de la Administradora de Capital Humano Ferroviario y la estatización del corredor vial del Litoral. No obstante, la mayoría de las compañías sigue bajo control estatal.
Entre los pocos casos que han avanzando se encuentran la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que será transferida a la provincia de Córdoba, y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que pasará al gobierno de Catamarca, que ya recibió la transferencia de Minas Capillitas, anteriormente a cargo de Fabricaciones Militares.
Otras empresas, como el Banco Hipotecario y el BiCE, podrían abrir su capital o incluso cerrar, como es el caso del BiCE. En la Casa de la Moneda se ha progresado en su transformación a Sociedad Anónima Unipersonal, junto con un plan de retiros voluntarios y cierre definitivo.
La central de Embalse, de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), es una empresa que se contempla para una venta parcial. Arsat planea asociarse con empresas privadas por unidad de negocio, mientras que Nucleoeléctrica Argentina está considerando una venta parcial con asesoría internacional. En el Correo Argentino, se proyecta entregar la operación a un nuevo concesionario, lo que implicaría transferir al personal y liquidar inmuebles.
En el ámbito ferroviario, se anunció la privatización de Belgrano Cargas y se analiza concesionar los servicios de la Operadora Ferroviaria. Tandanor se pondrá a la venta, mientras que Aysa podría tener un accionista mayoritario privado, con parte del paquete accionario destinado al personal y al mercado.
Otras empresas, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, podrían dividirse en unidades de negocio, y compañías como Intea o el Polo Tecnológico Constituyentes enfrentan un futuro incierto. En cuanto a medios públicos y empresas de comunicación, se estudia su transformación en sociedades anónimas, aunque sin decisiones claras. Aerolíneas Argentinas y LADE, por el momento, no cuentan con planes concretos.
La Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, bajo la dirección de Diego Chaher, coordina las acciones con otros funcionarios del gabinete, pero los procesos administrativos, la falta de balances aprobados y la necesidad de pasar por el Congreso retrasan los avances. Aunque la hoja de ruta está definida, gran parte del proceso sigue sin resolverse.
