El Gobierno prepara una judicialización por la Ley de Discapacidad
El Senado debatirá este jueves el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida que podría convertirse en un hecho histórico, ya que sería la primera vez en 22 años que un Gobierno enfrenta una derrota de este tipo. La Cámara de Diputados ya había votado en contra del veto el 20 de agosto con amplia mayoría, y todo indica que en la Cámara Alta el resultado será similar.
Ante este escenario, el presidente Javier Milei anticipó que recurrirá a la Justicia para evitar que la normativa se aplique. Desde el Poder Ejecutivo trabajan en la “letra chica” de los planteos judiciales con el objetivo de ganar tiempo y no comprometer la meta de déficit cero en el año electoral.
El Gobierno sostiene que la ley genera un costo adicional que no estaba previsto en el presupuesto. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto oscilaría entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. La estrategia oficial se apoya principalmente en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige identificar fuentes de financiamiento cuando se aprueban gastos no contemplados.
La Ley de Emergencia en Discapacidad extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 e incluye medidas como la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la compatibilidad entre pensiones y empleo formal. También declara de interés público los servicios de los prestadores y obliga al Ejecutivo a informar anualmente sobre su ejecución presupuestaria.
El debate en el Senado no solo pondrá en juego esta normativa, sino también la capacidad del oficialismo para enfrentar un Congreso adverso. La oposición, con mayoría, buscará reafirmar la aprobación de la ley, mientras que el Gobierno apuesta a que la judicialización frene su implementación.
