El Gobierno logró la media sanción de la modificación de la ley de Glaciares
Después de la ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el oficialismo consiguió aprobar en el Senado la reforma de la ley de Glaciares. Continúa la votación en particular.
Impulsado por un escenario favorable, el oficialismo sancionó en el Senado los cambios en la ley de Glaciares. Antes de ese debate, la Cámara alta ya ratificó el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y al inicio de la jornada aprobó la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y el bloque europeo.
Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, el Gobierno logró la media sanción en general de la normativa. Ahora, continúa el debate en particular. El proyecto pasará después a Diputados por fuera del período de sesiones extraordinarias que culmina el próximo sábado 28 de febrero.
Para el viernes a la misma hora se citó a otra sesión para tratar la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, que ya fueron tratados por Diputados. En el caso de la reforma laboral, como hubo cambios, deberá pasar de nuevo por la Cámara alta.
Mientras La Libertad Avanza (LLA) sigue negociando modificaciones para asegurarse los votos, el kirchnerismo advirtió que el texto definitivo todavía no fue difundido. “Esto está fuera del reglamento, el dictamen es el final”, cuestionó el senador Fernando Salino, quien agregó: «Quieren cambiar el reglamento, adelante, mientras tanto, cúmplanlo».
En la misma línea se expresó Daniel Bensusán, que comparó la situación con el antecedente de la reforma laboral, cuyo texto final se conoció antes de la votación en el Senado. «Otra vez lo mismo, nos traen para votar un papel impreso hace cinco minutos, ya les pasó con el artículo 44 de la reforma laboral», afirmó.
La estrategia oficial consiste en terminar de redactar el texto poco antes de la votación en particular. Tras cerrar los cambios sobre el dictamen firmado en diciembre de 2025, las modificaciones se leen en el recinto y luego se someten a votación, un mecanismo que genera críticas de legisladores que sostienen que deben decidir sin conocer la versión final.
La ley de Glaciares
El oficialismo llega confiado al debate por la modificación de la ley 26.639, aunque sobre el cierre de las negociaciones la UCR presentó un proyecto alternativo que limita la capacidad de las provincias para definir las áreas protegidas.
La reforma forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con los gobernadores de las provincias cordilleranas, que reclaman una normativa más flexible para habilitar inversiones en minería e hidrocarburos.
En el bloque peronista, mayoritariamente inclinado por el rechazo, no se descartan deserciones, en especial entre legisladores que fueron mandatarios de distritos mineros como Lucía Corpacci o Sergio Uñac.
Tanto el texto del Poder Ejecutivo como el de la UCR buscan redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir actividades económicas en determinadas áreas periglaciares hoy vedadas. La iniciativa oficial introduce el concepto de “formas periglaciares” y propone distinguir entre las que funcionan como reservas estratégicas de agua y las que no cumplen esa función, habilitando en estas últimas proyectos productivos.
De este modo, la prohibición absoluta quedaría circunscripta a los glaciares y a las formaciones con función hídrica comprobada.
La norma vigente desde 2010 resguarda tanto los glaciares visibles como los ambientes periglaciares —suelos congelados o saturados de agua en zonas de alta montaña—, fundamentales para la regulación del equilibrio hídrico.
El proyecto crea además el Inventario Nacional de Glaciares, que quedará a cargo del IANIGLA bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, con la tarea de identificar los cuerpos de hielo y clasificar las formaciones periglaciares según su valor hídrico.
Seguirán prohibidas las actividades que puedan alterar la condición natural de los glaciares, como la liberación de contaminantes, las obras de infraestructura, la explotación minera o hidrocarburífera y los procesos industriales. Solo se permitirán investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes de montaña no motorizados.
La diferencia central entre ambas propuestas radica en quién tendrá la última palabra: el proyecto del Gobierno otorga a las provincias la potestad de definir las áreas a proteger y proponer cambios en el inventario —en línea con el artículo 124 de la Constitución que les reconoce el dominio de los recursos naturales—, mientras que la iniciativa radical concentra esa atribución en el IANIGLA.
La reforma cuenta con el respaldo de los gobernadores de distritos mineros e hidrocarburíferos, pero enfrenta un fuerte rechazo de asambleas ambientalistas y de la Iglesia, que expresó su preocupación a través de la Comisión Episcopal.
