El Gobierno impulsa cambios en paritarias y propone un esquema de salario ‘dinámico por mérito’
El Gobierno nacional avanza en la elaboración de una reforma laboral que busca reconfigurar el sistema de negociaciones colectivas y la estructura salarial. Tras el fortalecimiento político obtenido en las últimas elecciones, el presidente Javier Milei instruyó a su gabinete a acelerar los lineamientos de un proyecto de ley que incorpore la figura del “salario dinámico por mérito” y otorgue prioridad a las paritarias por empresa por sobre las de actividad.
Según fuentes oficiales, el objetivo es adaptar los acuerdos laborales a las particularidades de cada empresa, región o sector productivo, de modo que cada compañía pueda pactar condiciones específicas con sus trabajadores, relegando los convenios generales firmados por rama o sindicato. Desde la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, destacan que este esquema otorgaría mayor flexibilidad y permitiría reflejar con mayor precisión la realidad económica de cada empleador.
El proyecto introduce además un nuevo criterio salarial vinculado a la productividad individual y colectiva. En este modelo, el sueldo básico se complementaría con sumas variables asociadas al desempeño y los resultados, con el propósito de incentivar el esfuerzo y la eficiencia. El oficialismo plantea dejar atrás la indexación automática por inflación y reemplazarla por un sistema de incentivos, bajo la premisa de que “quien más produce, más gana”.
Entre los puntos en análisis se incluyen la digitalización de registros laborales, la simplificación de trámites, la posibilidad de pactar salarios en distintas monedas y la creación de bancos de horas. De acuerdo con el Gobierno, estas medidas buscan reducir costos administrativos y promover la formalización del empleo.
No obstante, la iniciativa anticipa fuertes tensiones con la CGT y las centrales obreras, que alertan sobre un posible retroceso en derechos laborales. Mientras tanto, el Consejo de Mayo continúa discutiendo los aspectos técnicos junto a funcionarios, empresarios y sindicalistas, antes de que el proyecto sea enviado al Congreso.
