El Gobierno evitó el debate en el Congreso y la oposición exige explicaciones
Los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud), junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistieron este martes a la Cámara de Diputados, donde habían sido convocados para ser interpelados por la oposición. Los tres funcionarios enviaron una nota al Congreso comunicando su decisión de no concurrir al plenario, lo que dejó en suspenso las citaciones aprobadas la semana pasada.
La interpelación a Caputo estaba prevista para las 12 del mediodía, a partir de un pedido de los bloques opositores que exigían explicaciones sobre las negociaciones que el ministro mantiene con el Tesoro de Estados Unidos en busca de un salvataje financiero destinado a fortalecer las reservas y estabilizar el tipo de cambio. Hasta el momento, el oficialismo no confirmó una nueva fecha para que el titular de Economía se presente ante los legisladores.
Más tarde, a las 14, debía desarrollarse la sesión en la que estaban citados el ministro de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para responder por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, se mencionan presuntas coimas pagadas por laboratorios a funcionarios del Gobierno vinculadas a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
Con la ausencia de los tres funcionarios, las interpelaciones impulsadas por la oposición quedaron sin fecha definida. Desde el oficialismo, señalaron que los temas planteados “serán tratados en el ámbito correspondiente”, mientras que los diputados opositores cuestionaron duramente la decisión del Ejecutivo y acusaron al Gobierno de “evadir su responsabilidad de rendir cuentas ante el Congreso y la sociedad”.
La situación reaviva la tensión política entre el Poder Ejecutivo y la oposición, en un contexto de creciente presión legislativa por la falta de respuestas oficiales frente a los temas económicos y las denuncias de presunta corrupción en áreas sensibles del Gobierno.
