El Gobierno investiga un hackeo que afectó a las Fuerzas Armadas
Con este hackeo se filtró información sensible de 50.000 agentes.
Esta información incluye detalles sobre el Ejército, como su Documento Nacional de Identidad (DNI), lugar de servicio, registro de viajes, domicilios familiares y diplomas, entre otros. Autoridades de la Nación han indicado que se está en la fase de investigación y aún no se ha identificado a los responsables del ataque, lo que motivó que se denunciara el hecho ante la Justicia por parte del Ejército.
Un equipo del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, está colaborando con las áreas de ciberdefensa y seguridad informática de los militares para esclarecer lo sucedido. Se han implementado protocolos de seguridad para proteger la información administrativa y establecer sistemas especiales de acceso. La divulgación de estos datos ha sorprendido a diversas áreas del Gobierno, que no tenían conocimiento de su publicación en Internet. Hasta la noche del martes, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no tenía información sobre el incidente, aunque se ha informado que la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), bajo el liderazgo de Ariel Waissbein, comenzó a monitorear el caso.
Las autoridades del Ejército han solicitado la intervención judicial para avanzar en la investigación y es probable que presenten nueva documentación para complementar su denuncia. Mediante un comunicado, la fuerza ha señalado que han recibido alertas sobre un incidente de seguridad de la información que está en proceso de verificación.
El Gobierno busca que las Fuerzas Armadas desempeñen un papel crucial en la vigilancia de la seguridad interna y ha autorizado su intervención contra amenazas externas no estatales, como el terrorismo, a través del decreto 1112/24. También se está preparando una nueva Ley de Seguridad Nacional para ampliar sus facultades, incluyendo la posibilidad de derribar aeronaves que infrinjan el espacio aéreo.
Asimismo, el Ejecutivo ha permitido a los militares realizar controles de seguridad más rigurosos en las fronteras, incluyendo detenciones temporales de civiles, en respuesta a la situación económica en Bolivia y la posibilidad de una nueva ola migratoria. El Gobierno planea adquirir nuevo equipamiento tecnológico para la central de Inteligencia y está en comunicación con los servicios de Estados Unidos (CIA) e Israel (Mossad) para negociar estas adquisiciones.
