El Gobierno dio de baja más de 80.000 pensiones por invalidez tras detectar irregularidades

Según una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el 60% de los beneficiarios, que suman un millón, no se presentó a la revisión médica obligatoria.

Hasta ahora, el Gobierno de La Libertad Avanza ha suspendido 80.080 pensiones, lo que supone un ahorro mensual de $23.143 millones. De acuerdo con información oficial, la mayoría de los convocados no asistieron a la verificación de requisitos, que es esencial para continuar con el beneficio. Se han detectado casos de personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, beneficiarios sin diagnóstico médico comprobado, personas en prisión, prófugos de la ley e incluso individuos que residen en el extranjero.

Del total de 80.080 bajas:

• 65.230 fueron suspendidas por irregularidades o falta de asistencia a las auditorías.
• 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio.
• 6.643 pensiones se cancelaron porque los beneficiarios habían fallecido.

Cada pensión representaba un ingreso mensual de $289.000, compuesto por el 70% de la jubilación mínima ($219.000) y un bono adicional de $70.000. Desde la Casa Rosada se estima que si continúa la auditoría, las bajas podrían superar las 250.000 pensiones en todo el país. El Gobierno afirma que muchas de estas prestaciones se otorgaron de manera discrecional en administraciones anteriores, particularmente durante actos políticos.

Se han identificado casos alarmantes de fraude, como:

• 212 personas encarceladas que seguían cobrando la pensión.
• 331 prófugos de la justicia recibiendo el beneficio.
• Una misma radiografía presentada en 150 trámites diferentes.
• Certificados por amputaciones inexistentes, personas disfrazadas para asistir a auditorías y diagnósticos por pie plano.
• Referencias al Movimiento Evita utilizadas como respaldo en trámites irregulares. En un caso extremo, el hijo de un beneficiario admitió que su padre «vive en Egipto desde hace meses», mientras continuaba cobrando la pensión a su nombre.

Para fortalecer el control, el Ejecutivo promulgó el Decreto 842/2024, que establece un nuevo sistema. Sus principales puntos incluyen:

• Creación de un Cuerpo Médico Evaluador bajo la ANDIS.
• Revalidación obligatoria de la condición médica mediante declaración jurada y evaluaciones.
• Cruce de datos con otros organismos como AFIP, ANSES, PAMI y el Ministerio de Justicia.
• Suspensión inmediata ante indicios fundados de irregularidades.

La auditoría no afecta a menores ni a quienes ya fueron evaluados en 2024. El proceso es llevado a cabo por personal médico del PAMI y agentes de la ANDIS, quienes notifican a los beneficiarios por carta documento. Ante la falta de asistencia reiterada, se inicia el procedimiento de baja definitiva.

Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, afirmó que «este escándalo resalta la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral» y añadió: «No se le quitará el beneficio a quien realmente lo necesita, pero sí a aquellos que lo obtuvieron de forma fraudulenta».

Entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, las pensiones por invalidez aumentaron de 80.000 a 1.050.000. Durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra se incrementó hasta 1.250.000.