El Gobierno declaró la Emergencia Hidrometeorológica en Chaco hasta agosto de 2026

Tras las lluvias récord de diciembre y ante el pronóstico de nuevas tormentas severas, el Ejecutivo provincial dispuso un fondo especial de $1.500 millones para obras urgentes y mitigación de inundaciones.

Mediante un decreto oficial, el Poder Ejecutivo de la provincia declaró la Emergencia Hidrometeorológica en todo el territorio chaqueño, con una vigencia prevista hasta el 31 de agosto de 2026. La medida responde al impacto de las precipitaciones extraordinarias ocurridas en diciembre de 2025 y a la crítica saturación de los suelos que eleva el riesgo ante nuevos eventos climáticos.

La decisión se fundamenta en informes técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA), que detallan un escenario de desborde del sistema hídrico:

Acumulados excepcionales: Durante diciembre, Resistencia registró cerca de 400 milímetros y Barranqueras alcanzó los 450 milímetros, cifras que triplican los valores normales de 130-140 milímetros para dicho mes.

Sistemas superados: El volumen de agua excedió la capacidad de diseño de los desagües urbanos, provocando el colapso del sistema pluvial y el desborde de puntos críticos como el Canal Soberanía.

Saturación del suelo: Con los suelos completamente saturados, el Ejecutivo advirtió que cualquier nueva precipitación generará escurrimientos inmediatos, agravando los anegamientos actuales, especialmente en el Gran Resistencia y barrios vulnerables del sur.

La medida alcanza a una amplia región de la provincia, incluyendo los departamentos de:

• General San Martín, Sargento Cabral, Bermejo y Primero de Mayo.
• San Fernando, Libertad, Donovan y Tapenagá.
• San Lorenzo, 25 de Mayo, Quitilipi, O’Higgins y Comandante Fernández.

Fondo de asistencia y contrataciones urgentes
Para enfrentar la contingencia, se habilitó un fondo especial de hasta $1.500 millones administrado por la APA. Estos recursos se destinarán a la operación de estaciones de bombeo, limpieza de canales críticos, despliegue de equipamiento móvil y tareas de mitigación.

Con el fin de agilizar la respuesta estatal, el decreto exceptúa estas contrataciones de los plazos administrativos habituales, permitiendo mecanismos de contratación directa amparados en el Código de Aguas y la legislación financiera vigente.