El Gobierno busca blindar el DNU de la SIDE en el Congreso
Mientras sectores de la oposición avanzan por distintas vías para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Gobierno trabaja para asegurar su vigencia en el Congreso y evitar que sea rechazado por ambas Cámaras.
El decreto encendió alarmas en bloques opositores debido a que habilita a agentes de inteligencia a aprehender personas y modifica el esquema tradicional entre inteligencia estratégica y seguridad interior. Legisladores del peronismo, el interbloque Unidos y la izquierda manifestaron su rechazo y reclamaron la conformación de las comisiones bicamerales encargadas de analizar el DNU, aunque hasta el momento no hubo respuestas formales desde las autoridades parlamentarias.
Según la Ley 26.122, si las comisiones no se pronuncian dentro de los plazos previstos, el decreto queda habilitado para ser tratado en los recintos. Para dejarlo sin efecto, la oposición necesita reunir quórum en Diputados y en el Senado, y luego rechazarlo por mayoría simple en ambas Cámaras. El oficialismo, en cambio, solo necesita que una de ellas lo avale para que quede firme.
En este escenario, una de las principales preocupaciones opositoras es que el Gobierno logre reunir los votos necesarios para ratificar el DNU, especialmente ante una postura ambigua del PRO, que evitó rechazarlo de plano y remarcó que el uso de decretos para reformar la ley de inteligencia tiene antecedentes en gestiones anteriores.
Ante las dificultades en el plano legislativo, un grupo de diputados activó la vía judicial. Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron un amparo para declarar la inconstitucionalidad del decreto y solicitaron la suspensión inmediata de sus efectos. Argumentan que no existe necesidad ni urgencia y que el texto avanza sobre materias vedadas por la Constitución, al modificar atribuciones vinculadas al Código Procesal Penal.
La oposición espera que la Justicia actúe como ocurrió con el DNU 70/23, cuando se suspendieron artículos laborales por falta de urgencia. Mientras tanto, el tratamiento parlamentario del decreto recién podría darse en febrero, en un contexto donde el margen para sumar votos en contra se achica.
