El Gobierno avanza en la privatización de rutas y convoca a una audiencia por tramos claves en Chaco
El Gobierno nacional convocó a audiencias públicas para avanzar con la tercera etapa del plan de concesión de rutas nacionales, una iniciativa que busca profundizar el proceso de privatización de la red vial actualmente administrada por el Estado. En esta fase, se incluyen dos tramos estratégicos que atraviesan la provincia del Chaco: la Ruta Nacional 16, desde el acceso al viaducto del puente General Belgrano hasta Avia Terai, y la Ruta Nacional 11, entre Nelson (Santa Fe) y Resistencia.
Las audiencias se realizarán entre el 30 de junio y el 7 de julio. Aunque no son vinculantes, representan un paso formal necesario para habilitar la licitación de estas rutas, que pasarán a manos privadas mediante contratos que incluirán el cobro de peajes. Los pliegos licitatorios ya están disponibles en el sitio web de Vialidad Nacional.
La propuesta forma parte de un ambicioso plan para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas en once provincias, con el objetivo de reemplazar a la empresa estatal Corredores Viales por operadores privados. En total, ya son cerca de 8.000 los kilómetros comprometidos en este esquema de concesiones.
En el caso del Chaco, los tramos en juego abarcan más de 700 kilómetros fundamentales para la conexión del noreste argentino con el centro del país, vitales tanto para el tránsito de personas como para el transporte de mercancías. También se incluyen corredores en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta.
Desde el Ejecutivo argumentan que el nuevo modelo permitirá mejorar la calidad del mantenimiento y operación de las rutas, aunque todavía no se han dado precisiones sobre los niveles de peaje ni sobre el impacto económico que podría tener para los usuarios frecuentes.
La iniciativa ha sido cuestionada por sectores que advierten sobre los riesgos de entregar la infraestructura vial a empresas privadas sin un esquema claro de control público ni garantías de inversión. En particular, preocupa el acceso futuro a rutas que resultan esenciales para la economía regional, especialmente en áreas donde los costos logísticos ya son elevados.
Las audiencias podrían abrir el espacio para un debate más amplio sobre el modelo de gestión vial: si debe estar orientado al lucro privado o al interés público.
