El Gobierno afirma que tiene los votos por ley universitaria
El Gobierno nacional asegura contar con los votos necesarios para aprobar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, aunque descarta que el proyecto se trate durante las sesiones extraordinarias. Si bien el Ejecutivo activó gestiones para llevar la iniciativa a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina esta semana, el debate fue postergado y se retomaría en marzo.
La Casa Rosada había previsto dictaminar el proyecto en comisión y tratarlo en el recinto al día siguiente, tras incluir el envío en el decreto que extiende las extraordinarias hasta el 28 de febrero. Sin embargo, desde el oficialismo admiten que “no dan los tiempos” y apuestan a avanzar primero en la conformación de la comisión. En Balcarce 50 sostienen que cuentan con al menos 131 votos, con respaldo de aliados y bloques dialoguistas como Provincias Unidas, para otorgarle media sanción el mes próximo.
En paralelo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a 56 universidades nacionales. Allí se avanzó en una agenda técnica centrada en salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.
La iniciativa oficial no deroga la ley vigente —sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso—, sino que propone modificar su esquema de actualización. El texto busca reemplazar la indexación automática por aumentos escalonados y cláusulas de revisión. Entre los puntos centrales, el Ejecutivo ofrece una actualización del 20% en los fondos para gastos de funcionamiento respecto de 2025 y una revisión en junio según la evolución del IPC.
La discusión se da mientras el Gobierno apeló ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal el fallo que lo obliga a aplicar la ley actual, incluyendo la actualización salarial docente y de partidas presupuestarias. El objetivo oficial es evitar una nueva escalada política y judicial al inicio del ciclo lectivo y cerrar el debate parlamentario con una norma que reemplace el esquema vigente.
