El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, enfrenta una de las denuncias más graves en su contra
Insfrán fue imputado por la Justicia federal en una causa que investiga el desvío de más de 1.660 millones de pesos hacia el Partido Justicialista provincial mediante presuntas maniobras fraudulentas. La denuncia fue impulsada por la diputada Gabriela Neme y desató un nuevo escándalo político en la provincia.
La causa, registrada bajo el número 442/25 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. Insfrán enfrenta acusaciones que incluyen malversación de caudales públicos, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Según la denuncia, el gobierno provincial habría emitido cinco órdenes de pago por un total de 1.660 millones de pesos bajo el concepto de “Haberes”, utilizando información falsa para canalizar los fondos al Partido Justicialista de Formosa. Un caso señalado es el de una transferencia de 5.944.000 pesos etiquetada como destinada a una Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL), cuando el número de CUIT correspondía en realidad al PJ local.
Entre los implicados en la autorización de los pagos figuran las tesoreras provinciales Ana María Tesorieri y Liliana Noemí Barboza, junto con el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori, quienes habrían participado en lo que parece ser una maniobra para beneficiar al espacio político liderado por el propio gobernador.
En declaraciones públicas, la diputada Neme destacó que este caso expone una seria contradicción institucional: “O el gobierno provincial paga sueldos a los miembros del PJ local o se usa al partido como fachada para desviar fondos públicos”. Además, recordó que la Ley Nacional 26.215 establece que es exclusivamente el Estado Nacional el encargado de financiar a los partidos políticos, no las provincias.
Como parte de la investigación, el Banco Central recibió solicitudes para aportar información sobre los movimientos financieros involucrados y su destino final. La causa se tramitará en los tribunales federales de Comodoro Py, alejándose así de la jurisdicción provincial donde Insfrán mantiene una fuerte influencia.
Este caso se suma a otros cuestionamientos previos sobre la gestión del gobernador relacionados con falta de transparencia y posible mal manejo de recursos públicos. En los próximos días se espera que la Justicia tome nuevas decisiones procesales, incluyendo la posible citación a indagatoria del mandatario.
Neme celebró los avances judiciales afirmando: «Logramos imputar a Gildo Insfrán por malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Es apenas el primer golpe contra la corrupción, pero no vamos a detenernos hasta que enfrente la cárcel».
Por otro lado, esta no es la única causa que afecta al gobernador formoseño en Comodoro Py. El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº10 lo investiga actualmente por la compra irregular de una camioneta Toyota Land Cruiser 300, valorada en más de 213.500 dólares y utilizada con fines personales. Según las acusaciones, esta adquisición se habría realizado mediante recursos destinados al fondo fiduciario para salud, seguridad y tecnología de la provincia.
La imputación a Insfrán llega mientras Formosa se encuentra bajo un creciente escrutinio nacional. Apenas un día antes, en el Anexo del Congreso Nacional, se realizó una reunión con testimonios de ciudadanos que denunciaron violaciones a derechos humanos en la provincia: contaminación del agua, represiones, secuestros y denuncias de torturas.
Sabrina Ajmechet, diputada del PRO y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, calificó a Formosa como un “paradigma del autoritarismo” en Argentina y anunció su intención de trasladar futuros encuentros de esta comisión directamente a la provincia para seguir recopilando testimonios sobre estas graves denuncias.
