El Ejecutivo avanza con una reforma que endurece penas y elimina la prescripción
El Gobierno nacional busca declarar imprescriptibles los delitos de corrupción y planea incorporar esa medida en el nuevo Código Penal que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Fuentes oficiales confirmaron que la iniciativa forma parte del texto elaborado por la comisión de juristas coordinada por el juez Mariano Borinsky, en conjunto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro Sebastián Amerio. El proyecto actualmente está siendo evaluado por el Ministerio de Seguridad.
La reforma apunta a que los casos de corrupción no prescriban, aunque solo regirá para hechos cometidos una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal. No tendrá efectos retroactivos sobre causas previas. En paralelo, el proyecto eleva considerablemente las penas para delitos de corrupción: hasta 15 años por enriquecimiento ilícito y 10 por coimas, duplicando los máximos actuales.
El debate sobre la imprescriptibilidad de la corrupción no es nuevo. A lo largo de los últimos años hubo fallos judiciales contradictorios y discusiones doctrinarias. La Cámara Federal de La Plata llegó a declararla imprescriptible en 2016, pero el criterio no prosperó. La Corte Suprema tampoco lo descartó, aunque cuestionó la falta de mayoría clara en aquel fallo.
El Gobierno pretende que el proyecto sea tratado por una comisión bicameral, un mecanismo similar al que se utilizó para aprobar el Código Civil y Comercial. La intención es acelerar el proceso legislativo y lograr consensos políticos, algo que ya forma parte de las conversaciones del ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores.
El nuevo Código Penal no solo aborda la corrupción. Su contenido general aumenta penas, limita la liberación anticipada y busca garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas. Entre las modificaciones más relevantes se destacan la ampliación de las penas por homicidios simples y agravados, el endurecimiento de delitos sexuales, de trata, pornografía infantil, grooming y pornovenganza, así como la incorporación de nuevas figuras como el stealthing y la sanción del acoso sexual en ámbitos laborales o educativos.
También se agravan penas para modalidades delictivas como el robo con violencia, la actuación de “motochorros” y “viudas negras”, la estafa piramidal y las usurpaciones. Asimismo, se establece prisión para agresiones cometidas durante manifestaciones, con incrementos mayores si las víctimas son policías o funcionarios.
El texto contempla además la imprescriptibilidad de delitos especialmente graves, como homicidios agravados, crímenes sexuales, narcotráfico, corrupción de menores, trata de personas y terrorismo. Por otro lado, se restringen los casos de condenas condicionales y se eleva el mínimo de penas para que la mayoría de los delitos tengan cumplimiento efectivo.
El Código Penal vigente, sancionado en 1921, ha sido modificado en numerosas oportunidades, pero nunca reemplazado integralmente. Con esta reforma, el Gobierno aspira a modernizarlo y unificar criterios en materia penal después de más de un siglo de parches legislativos.
Fuente: LN
