El Ejecutivo avanza con un rediseño integral del sistema penal
El Gobierno nacional avanza con una reforma integral del Código Penal Argentino, con el objetivo de actualizar una normativa que supera el siglo de vigencia y que, según el Ejecutivo, quedó desfasada frente a los cambios tecnológicos y sociales.
La iniciativa contempla un rediseño de las escalas penales para delitos violentos e incorpora agravantes específicos, como en casos de robos cometidos por motochorros y episodios de violencia en espectáculos deportivos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la declaración de imprescriptibilidad para delitos considerados de extrema gravedad, entre ellos abuso sexual, homicidio, trata de personas, terrorismo y narcotráfico. De aprobarse, estas conductas podrán ser investigadas y juzgadas sin límite temporal.
El combate al crimen organizado ocupa un capítulo destacado. El texto prevé fortalecer el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente como mecanismo para afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico.
La reforma también incorpora un apartado específico sobre delitos digitales. Allí se tipifican figuras como la usurpación de identidad, el grooming y la difusión no autorizada de datos personales, en respuesta al crecimiento de los delitos en entornos virtuales.
Además, se suman delitos electorales y se crea la figura de ecocidio, orientada a sancionar daños ambientales de gran magnitud, como incendios forestales intencionales. Con estas incorporaciones, el Ejecutivo busca ampliar la protección penal tanto del sistema democrático como del medio ambiente.
El proyecto fue elaborado por un equipo de juristas y será enviado al Congreso para su tratamiento. Por su alcance, la propuesta se perfila como una de las modificaciones más profundas del sistema penal argentino en las últimas décadas.
