EEUU habilita cinco petroleras en Venezuela
El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, se reunió esta semana en Caracas con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un paso clave dentro de un cambio significativo en la relación bilateral por el sector energético.
En el marco de este acercamiento, Washington ha flexibilizado las sanciones que pesaban sobre la industria petrolera venezolana al emitir nuevas licencias que permiten a grandes compañías globales —como Chevron, BP, Repsol, Eni y Shell— operar y negociar contratos en Venezuela, algo que estaba prácticamente vedado desde 2019.
Las autoridades estadounidenses aseguran que el embargo al crudo venezolano “esencialmente terminó” y que ya se han generado ingresos por la venta de petróleo que superan los 1.000 millones de dólares, con proyecciones de alcanzar hasta 5.000 millones en los próximos meses. Parte de estas operaciones están ocurriendo bajo supervisión de EE. UU., con pagos controlados por bancos y mecanismos estadounidenses.
Además, Chris Wright anunció inversiones por más de 100 millones de dólares para modernizar instalaciones petroleras que opera Chevron en la Faja del Orinoco, con el objetivo de aumentar la producción en el corto y mediano plazo.
Este movimiento se produce después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma de la Ley de Hidrocarburos, impulsada por Delcy Rodríguez, que abre el sector energético a inversiones extranjeras y mayor participación privada tras décadas de rígido control estatal. La reforma es una condición señalada por las compañías para evaluar el retorno de inversiones que habían sido frenadas por la inseguridad jurídica y las sanciones.
El cambio en la política petrolera marca un giro estratégico en la relación entre Caracas y Washington, buscando reactivar la industria petrolera venezolana con capitales internacionales luego de años de caída en producción y enfrentamientos diplomáticos. La medida también genera expectativas de mayor actividad económica, aunque analistas advierten que la recuperación plena dependerá de condiciones políticas y regulatorias más amplias.
