Diputados debaten limitar el poder presidencial sobre los DNU
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave en la que se debatirá una reforma a la ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), con el objetivo de reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su utilización. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, apunta a restablecer el equilibrio de poderes y limitar el hiperpresidencialismo.
La propuesta establece que los DNU solo tendrán vigencia por 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial, período en el cual deberán ser aprobados por ambas cámaras del Congreso para mantener su validez. En caso contrario, podrán ser derogados con el rechazo de una sola cámara, lo que modifica la normativa actual que exige el rechazo conjunto de ambas.
Otro de los cambios significativos es la prohibición de incluir múltiples materias en un mismo decreto, lo que busca evitar casos como el del polémico DNU 70/2023, que abarcaba una variedad de reformas en distintas áreas.
En un contexto de fuerte tensión institucional, la reforma genera resistencia en el oficialismo, que advierte que la medida podría ser utilizada como herramienta de desestabilización política. Desde la UCR, el titular del bloque, Rodrigo de Loredo, planteó la posibilidad de una reforma pero con vigencia recién a partir de 2027. No obstante, algunos diputados radicales —como Julio Cobos, Karina Banfi y Natalia Sarapura— podrían desmarcarse y dar quórum.
La sesión fue convocada para este miércoles a las 12 horas y reúne a diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coherencia y Desarrollo, con el acompañamiento de la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. La situación del bloque de Innovación Federal y de los diputados cordobeses es incierta, lo que mantiene en vilo el quórum necesario para avanzar.
El temario también incluye otros puntos relevantes como:
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La interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la falta de reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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Un pedido de informes al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las negociaciones con EE. UU. por un posible “blindaje financiero”.
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Proyectos para declarar la emergencia en ciencia, tecnología y pymes.
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El orden de mérito para la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
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Iniciativas vinculadas al escándalo de coimas que involucra a funcionarios del Gobierno, incluyendo a Karina Milei.
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La propuesta de eliminar fideicomisos nacionales para redistribuir fondos a las provincias.
En paralelo, el tratamiento de la remoción de José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto perdió centralidad tras su renuncia voluntaria, aunque podrían debatirse pedidos de expulsión presentados previamente.
La sesión refleja una fuerte disputa institucional sobre el rol del Congreso y el equilibrio entre poderes en un momento de fragilidad política del oficialismo, que carece de mayoría propia y enfrenta una oposición cada vez más cohesionada.
