El diputado Samuel Vargas impulsa ley de cámaras corporales para la policía
Samuel Vargas, diputado provincial, presentó el proyecto de ley titulado «Cámaras Corporales para la Policía del Chaco». Según el legislador, esta iniciativa representa «una herramienta para fomentar la transparencia, salvaguardar derechos y prevenir la violencia institucional».
La propuesta tiene como fin implementar un programa que dotará a los policías con dispositivos de grabación en video. La finalidad es «proteger tanto a la ciudadanía como a los agentes y elevar la calidad institucional de las fuerzas de seguridad», declaró Vargas.
El proyecto propone que «la incorporación de cámaras corporales sea obligatoria para todo el personal policial que realice tareas operativas o tenga contacto directo con ciudadanos, ya sea en labores preventivas, durante patrullajes, detenciones, allanamientos u otras intervenciones», señala el documento.
Asimismo, se especifica que las cámaras tendrán que ser de resolución HD, contar con grabación continua, geolocalización, protección criptográfica y una conexión segura para almacenar los registros en los servidores del Ministerio de Seguridad Pública.
Es importante mencionar que el proyecto fue revisado por Rodrigo Zalazar Hurt, presidente del Comité de Prevención contra la Violencia Institucional, quien subrayó las ventajas de esta herramienta en la promoción de mejores prácticas en la actuación policial.
El texto establece que los agentes deben activar las cámaras al comenzar su turno y durante cualquier interacción significativa con ciudadanos. Además, señala que la «manipulación indebida o la desconexión injustificada de los dispositivos será considerada una falta grave».
La propuesta también incluye la creación de un módulo específico en el Ministerio de Seguridad Pública, orientado al uso responsable de las cámaras, así como a la normativa sobre protección de datos y el análisis técnico-jurídico de los videograbaciones.
El diputado Vargas enfatizó que «el principal objetivo de este proyecto no es punitivo ni inquisitivo, sino profundamente democrático». «Pretendemos consolidar una fuerza policial respetada y protegida, al mismo tiempo que garantizamos una ciudadanía segura, confiada y libre de arbitrariedades».
«Este proyecto es una herramienta legal, técnica y ética, formulada desde el consenso, basada en la evidencia empírica y el compromiso con los derechos humanos. No busca vigilar, sino garantizar, prevenir y proteger», concluyó.
