Diputada libertaria propone psicotécnico obligatorio a candidatos a cargos politicos
La diputada nacional Mercedes Llano, integrante del bloque La Libertad Avanza, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de un examen psicotécnico para quienes aspiren a los cargos políticos más altos del país. La iniciativa, denominada “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional”, alcanzaría a candidatos a presidente, vicepresidente, legisladores nacionales electos y autoridades superiores del Poder Ejecutivo antes de asumir sus funciones.
Según el texto, el objetivo es garantizar que quienes ejerzan responsabilidades de gobierno cuenten con aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas adecuadas para la toma de decisiones públicas. La legisladora argumentó que la democracia no se limita al acceso formal a los cargos, sino que también requiere preservar la calidad institucional y la racionalidad en la conducción del Estado.
El proyecto contempla la aplicación de pruebas psicométricas estandarizadas, validadas para el contexto argentino, orientadas a medir rasgos de personalidad, juicio ético, regulación emocional y respeto por las normas. Entre los aspectos incluidos figura la evaluación de la denominada “Tríada Oscura”, que analiza indicadores de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica, con el fin de detectar posibles rasgos que puedan afectar el ejercicio del poder.
De acuerdo con la propuesta, el resultado del examen se informará únicamente como “Apto” o “No Apto Funcional”, sin difundir datos sensibles. Además, se prevé la posibilidad de revisión ante un comité técnico interdisciplinario en caso de disconformidad. Llano sostuvo que la medida busca ampliar el concepto constitucional de idoneidad y equiparar los requisitos exigidos a cargos técnicos y administrativos con los de la conducción política.
Actualmente, la Constitución Nacional y la legislación electoral fijan condiciones formales como edad, nacionalidad y residencia, pero no exigen evaluaciones psicológicas para acceder a cargos electivos. La iniciativa abre un nuevo debate sobre los estándares de aptitud para el ejercicio de funciones públicas de máxima responsabilidad.
