Policiales 

Dictaron la falta de mérito para Panzardi y Sager por la causa GIRSU

Este lunes, la Justicia Federal dictó la falta de mérito de Claudia Panzardi y Hugo Sager, en el marco de la causa por la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en los municipios (GIRSU).

Mediante una resolución que lleva la firma de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de los Tribunales Federales de Comodoro Py, se dictó la falta de mérito para Claudia Panzardi y Hugo Sager, exintendentes de Laguna Blanca y Puerto Tirol respectivamente, en el marco de la gigantesca causa que investiga supuestas maniobras con recursos de programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de intendentes y exintendentes de toda la Argentina entre los años 2013 y 2015, que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío.

Para los integrantes de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Panzardi no cumplió estrictamente con lo suscripto en el contrato, pero la “totalidad de los recursos fueron invertidos en insumos que hacen a la gestión de residuos, como son un camión con caja volcadora y un camión con semirremolque”.

Y en el caso de Sager, los camaristas resolvieron la falta de mérito basados en que el exintendente de Tirol, acordó con la intendencia de Fontana el funcionamiento de una planta común, para lo cual aportó maquinarias como una compactadora y una encapsuladora de residuos.

Cabe recordar que la causa, ya tiene confirmados los procesamientos de los exjefes del Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.

La maniobra «apuntó al empleo del marco legal de los Pmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales», indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal.

En febrero pasado, el juez Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes de todo el país, pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando.

Según el juez, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

«Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos», sostuvo el juez. «Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Pmgirsu al que se habían obligado», había asegurado Bonadio.

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