Detectan irregularidades en firma ligada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó irregularidades financieras y operativas en Malte SRL, una empresa vinculada al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de sinceramiento fiscal.
De acuerdo con un informe oficial del organismo, la firma fue catalogada como “usina sin capacidad operativa económica o financiera”, una clasificación que se aplica a sociedades sospechadas de funcionar como empresas pantalla. El análisis detectó inconsistencias en su actividad, movimientos patrimoniales que no se corresponden con su estructura y reiterados cambios de domicilio fiscal.
Según la investigación, Malte SRL registró operaciones comerciales de gran volumen pese a contar con solo un empleado declarado, además de emitir facturación significativa con otras compañías vinculadas. Entre las firmas relacionadas aparecen Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL, que también compartían direcciones IP para la emisión de comprobantes electrónicos.
Otro de los puntos señalados en el reporte es la falta de actuación de la empresa como agente de retención en varios períodos fiscales, a pesar de registrar movimientos de compra relevantes. A esto se suman transferencias reiteradas de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad documental.
Las irregularidades se enmarcan en una causa judicial que investiga presuntas maniobras de evasión fiscal y administración fraudulenta dentro del fútbol argentino. En ese expediente, el juez federal Diego Amarante citó a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, junto a otros dirigentes de la AFA, y dispuso medidas restrictivas como la prohibición de salida del país.
La investigación también analiza presuntos desvíos de fondos a través de empresas vinculadas y sociedades offshore. Según el expediente, la entidad habría canalizado más de 300 millones de dólares mediante intermediarios y firmas radicadas en el exterior, operaciones que están bajo análisis por posibles maniobras de evasión y lavado de activos.
