Denunciaron penalmente a Sturzenegger por defraudación, encubrimiento y tráfico de influencias
Denuncia penal contra Federico Sturzenegger por contratos millonarios y presunto tráfico de influencias. El escándalo sacude a la Cancillería.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal por la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio.
La acusación incluye los delitos de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento” y alcanza también a su esposa, Josefina Rouillet; al canciller Pablo Quirno; y a otros funcionarios de la Cancillería.
El eje de la denuncia gira en torno a un contrato por 114 millones de pesos que el Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, habría adjudicado de manera directa a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por Rouillet.
Según el escrito judicial, la contratación no pasó por un proceso de licitación pública. La disposición que formalizó la adjudicación fue la DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, firmada por la Subsecretaría de Coordinación y Administración de Cancillería.
Di Tullio señaló que la maniobra habría beneficiado a la asociación presidida por la esposa del ministro y pidió que se investigue una presunta red de funcionarios y particulares involucrados en la operación.
Los nombres incluidos en la denuncia
Además de Rouillet, denunciada como presunta coautora del delito de defraudación a la administración pública, el escrito menciona a María Cristina Dellepiane, subsecretaria de Coordinación y Administración de la Cancillería; Pablo Quirno, acusado por presunto encubrimiento por “omisión de denuncia”; Federico Sturzenegger, por presunto tráfico de influencias.
La senadora también solicitó que se investigue como “partícipes necesarios” a funcionarios técnicos de distintas áreas de la Cancillería y a autoridades vinculadas a políticas de transparencia y ética pública.
En el texto presentado ante la Justicia se sostiene que “no se puede descartar” que Sturzenegger haya mediado ante autoridades de Cancillería para favorecer la adjudicación directa.
La denuncia se da en paralelo a otro cuestionamiento que involucra al ministro: el alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras, por un monto estimado en 720 millones de pesos.
