Denuncian falta de transparencia en audiencia por glaciares
Un grupo de diputados nacionales presentó una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para debatir modificaciones a la Ley de Glaciares, al considerar que el proceso presenta irregularidades que limitan la participación ciudadana.
La iniciativa fue impulsada por Maximiliano Ferraro junto a otros legisladores, quienes cuestionaron el formato adoptado para el debate, señalando que no cumple con los requisitos básicos establecidos por la normativa vigente.
“Estamos ante una audiencia que perdió su sentido… en lugar de garantizar la participación, se redujo al 0,3% y se acallaron voces”, afirmó Ferraro, al tiempo que advirtió sobre la magnitud del tema en discusión, vinculado a recursos naturales estratégicos.
Según los legisladores, más de 100.000 personas se inscribieron para participar, pero solo una mínima parte pudo hacerlo de manera efectiva. En ese sentido, remarcaron que el esquema implementado restringe la exposición oral y establece criterios poco claros para seleccionar a los participantes.
Por su parte, la diputada Sabrina Selva también cuestionó el procedimiento: “Se busca aparentar una audiencia pública, pero no garantizar una instancia real de participación”, sostuvo, denunciando además falta de transparencia en la selección de expositores.
El documento presentado advierte que las condiciones de participación fueron modificadas una vez iniciado el proceso, lo que —según los firmantes— vulnera principios fundamentales como la igualdad, la transparencia y el derecho a ser oído.
Asimismo, indicaron que el formato prioriza intervenciones escritas o audiovisuales por sobre la exposición oral directa, desnaturalizando el objetivo de una audiencia pública.
Ferraro insistió en la gravedad del planteo: “No se trata de un aspecto técnico menor, sino de una forma de organización que afecta directamente el derecho a la participación”.
Ante esta situación, los diputados solicitaron que se declare inválida la audiencia, se anulen las actuaciones realizadas y se convoque a una nueva instancia que garantice un debate abierto, equitativo y efectivo.
Además, no descartaron recurrir a la Justicia si continúa lo que consideran una vulneración de derechos en un tema de alto impacto ambiental y social.
