Denuncian condiciones inhumanas en la detención del jubilado chaqueño acusado de amenazar a Milei
El Comité contra la Tortura presentó un nuevo hábeas corpus para evitar que el docente jubilado de 63 años, sea enviado a una prisión común. “No tiene condena ni procesamientos firmes. Su detención fue irregular y las condiciones son alarmantes”, sostuvo la abogada Silvina Cantero, abogada del Comité.
En diálogo con Radio Libertad, Cantero indicó que presentaron un nuevo hábeas corpus correctivo por el “riesgo cierto” que implicaría alojar al docente jubilado en un penal común, sin estar siquiera procesado. “No sólo es una persona mayor, con hipertensión y sin antecedentes penales, sino que su detención inicial se dio en condiciones inadecuadas, sin cama, sin acceso a higiene ni medicamentos y sin defensa legal durante varias horas”, detalló.
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Cabe mencionar, que la jueza Zunilda Niremperger no dio lugar al primer hábeas corpus, aunque ordenó una serie de medidas paliativas: el traslado a una dependencia federal con mejores condiciones (la sede de Policía Federal en Resistencia), atención médica inmediata, contacto con su defensa, visitas de familiares y cese de toda exposición mediática.
Según Cantero, el juez natural de la causa, Ariel Lijo (Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 de CABA), ya pidió su traslado a una unidad penitenciaria federal. “Y esto podría no ser en Resistencia, sino en Buenos Aires o cualquier otra del país, agravando aún más su situación”, advirtió y señaló que podrían evaluarse otras medidas, como la prisión domiciliaria, “no sólo por la edad, sino porque el delito que se le imputa es cuestionable en su gravedad y contexto político”.
Cantero subrayó que el Comité no interviene en la causa penal en sí, sino que vela por las condiciones de detención. “En este caso vemos una respuesta excepcional, casi acelerada, que no es la norma. Las comisarías no son lugares aptos para largas detenciones, pero tampoco lo es un penal federal para alguien sin procesamiento ni prisión preventiva”.
Desde el Comité consideran que este caso forma parte de un contexto de criminalización acelerada que merece ser analizado con atención. “Vemos decisiones exprés en este y otros casos similares en Buenos Aires. Se activan protocolos extremos ante hechos que podrían ser calificados como simples contravenciones. Todo indica una lectura política del contexto”, remarcó.
Por último, Cantero agradeció a los medios que visibilizan la situación: “Nos preocupa la vulneración de derechos básicos. Seguiremos insistiendo para que esta persona no sea trasladada arbitrariamente y se respeten sus garantías constitucionales”.
