Denuncian arbitrariedad tras exclusión de medios en la Casa Rosada
El Gobierno de Javier Milei quedó envuelto en una fuerte controversia tras revocar las acreditaciones de periodistas de varios medios en la Casa Rosada, alegando una presunta vinculación con una operación de inteligencia rusa que no cuenta con validación judicial.
La medida se hizo efectiva el lunes por la mañana, cuando cronistas habituales que cubren la actividad en Balcarce 50 intentaron ingresar y descubrieron que ya no figuraban en el listado de acreditados. Según relataron, la decisión habría sido ordenada por Karina Milei, sin previo aviso formal ni explicaciones detalladas.
Los trabajadores afectados pertenecen a medios como Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, A24, FM La Patriada y El Destape.
Horas después, el oficialismo justificó la decisión como una acción “preventiva”, basada en un informe difundido por openDemocracy. La investigación señala que una supuesta red vinculada a intereses rusos habría impulsado una campaña de desinformación durante 2024, financiando contenidos en medios y redes sociales con el objetivo de debilitar al Gobierno.
Sin embargo, la propia publicación reconoce que no existen pruebas concluyentes sobre el destino de los fondos ni sobre la participación directa de periodistas o empresas periodísticas, lo que alimentó las críticas hacia la decisión oficial.
La polémica se amplificó al conocerse que otros medios también mencionados en el informe, como Infobae y El Cronista, no fueron alcanzados por la medida, lo que generó acusaciones de discrecionalidad.
Entre las voces más críticas se destacó la periodista Liliana Franco, quien cuestionó la falta de sustento judicial y rechazó cualquier vinculación con la denuncia. Desde los medios afectados también interpretaron la medida como una represalia frente a coberturas críticas y preguntas incómodas en conferencias oficiales.
El conflicto se extendió además al Congreso de la Nación Argentina, donde la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, replicó la restricción. En contraste, el Senado, a cargo de Victoria Villarruel, optó por no aplicar medidas similares.
Desde el Ejecutivo insistieron en que la decisión apunta a los medios involucrados y no a los periodistas en forma individual, y advirtieron que, de confirmarse la injerencia extranjera, podrían impulsarse acciones judiciales bajo figuras graves.
En tanto, el periodista Santiago O’Donnell, quien participó de la investigación original, señaló que era previsible que el Gobierno utilizara el informe como fundamento para tomar este tipo de decisiones, lo que suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre el oficialismo y la prensa.
