Denuncia penal contra Sturzenegger: investigan contrato millonario de Cancillería con la entidad de su esposa
Abogados de la agrupación Reset Republicano solicitaron que se investigue la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa por más de $114 millones.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue denunciado penalmente este lunes 16 de febrero ante la Cámara Criminal y Correccional Federal por una contratación realizada por la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por un monto de $114.044.133. La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes solicitaron que se investigue una presunta omisión en el cumplimiento de requisitos de transparencia.
La denuncia señala que la Disposición 21/2026, dictada el 19 de enero pasado por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, adjudicó el servicio de capacitación en inglés del personal diplomático en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. Según el escrito, de la Declaración Jurada de Intereses surgió un «vínculo positivo» entre María Josefina Rouillet —directiva de la entidad adjudicataria y cónyuge del ministro— y Sturzenegger, lo que activó los mecanismos previstos en el Decreto 202/2017.
Los denunciantes sostienen que, al consultar el buscador de «Casos informados» de la Oficina Anticorrupción (OA), no encontraron publicada la información correspondiente al expediente al 15 de febrero, lo que —afirman— constituiría una omisión de un requisito clave de publicidad. En ese marco, encuadraron los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265).
Además, solicitaron que la Justicia verifique si existió un contrato previo entre las mismas partes en 2024 y si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo legal. Desde el Gobierno, según trascendió, se indicó que el vínculo familiar fue informado y que se activaron los procedimientos de integridad con intervención de la OA y la SIGEN. Ahora será la Justicia federal la que deberá analizar la denuncia y determinar si corresponde avanzar con la investigación.
