Confirman el procesamiento de 11 represores por delitos de lesa humanidad en el Chaco
La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de once acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979 en la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7, todos en la provincia del Chaco. Los imputados enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas.
La resolución, firmada el 12 de mayo por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, incluye a oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, la Policía del Chaco, la Alcaidía provincial y el Servicio Penitenciario Federal.
Entre los procesados se encuentran:
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Aldo Martínez Segon, Tadeo Bettolli y Alberto Patteta (Ejército Argentino).
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José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, Jorge Ángel Ibarra, José Marín y Emilio Zárate (Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco).
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Juan Ramón Rodríguez Valiente (Alcaidía Policial).
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Pablo César Casco (jefe de guardia en la U7).
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Ignacio López (Comunicaciones de la Policía del Chaco).
Además, la Cámara revocó las faltas de mérito que beneficiaban a Ignacio López y Humberto Maidana, tal como lo solicitaron la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal y las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia.
Declaraciones contundentes y testimonios clave
En su fallo, las magistradas resaltaron el valor probatorio de las declaraciones de víctimas y testigos, que describieron con detalle las condiciones de detención, los maltratos sufridos y la identificación de los responsables. También remarcaron que los hechos formaron parte de un plan sistemático de represión dirigido a la población civil, lo que encuadra los delitos como de lesa humanidad.
Las víctimas
La causa, identificada como “Caballero IV”, reúne casos de 23 víctimas, entre ellas:
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Un bebé de 8 meses detenido con su madre.
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Cuatro hermanas menores de edad.
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Estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales.
Todas las personas afectadas tenían alguna participación en militancia social o política, en espacios como colegios, parroquias, barrios, Ligas Agrarias, la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las detenciones ilegales fueron ejecutadas por operativos conjuntos del Ejército y la Policía del Chaco, quienes trasladaban a las víctimas a la Brigada de Investigaciones, para luego enviarlas a la Alcaidía y, en muchos casos, a la U7, todos señalados como centros clandestinos de detención.
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