Condena por trata a través de webcams: difunden los fundamentos
La Justicia público los motivos de la sentencia de 25 años de prisión impuesta a un hombre que abusó y explotó sexualmente a tres mujeres. Una de ellas, que se suicidó, fue forzada durante la pandemia a participar en actos sexuales virtuales.
Un Comienzo Silencioso
La historia se inicia en silencio, como muchas otras. Con una promesa y una oferta de trabajo, que despertaron ilusiones en tres mujeres jóvenes de familias humildes. Una de ellas, María Cecilia, tenía aspiraciones en el modelaje y era una persona simpática. Lamentablemente, falleció antes de que la Justicia pudiera identificar a su agresor.
Un Precedente Judicial
Por primera vez en la historia judicial de Argentina, en abril pasado, un tribunal condenó a un tratante de personas por explotación sexual virtual, sin necesidad de trasladar físicamente a las víctimas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires ha difundido los argumentos de la condena contra Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, de 38 años, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por abusar y explotar sexualmente a tres mujeres, una de las cuales se suicidó tras ser sometida a extensas jornadas de explotación virtual durante la pandemia.
Este caso establece un precedente al reconocer la trata de personas en modalidad digital como una nueva forma de esclavitud que opera a través de plataformas tecnológicas.
Métodos de Control
Según los fundamentos de la sentencia, Zea Ricardo utilizó herramientas digitales como redes sociales, plataformas de videochat y aplicaciones de vigilancia para someter a sus víctimas entre 2017 y 2020. Durante el aislamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19, intensificó su control, obligando a una de las mujeres, identificada como María Cecilia, a realizar actos sexuales frente a una cámara web, mientras era monitoreada en tiempo real a través de auriculares.
El tribunal, compuesto por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Luciano Gorini, destacó que esta modalidad de explotación permitió al agresor operar bajo el anonimato, sin límites geográficos y sin necesidad de transportar a las víctimas, lo que redujo los riesgos de ser detectado por las autoridades.
Detalles de la Condena
El fallo de 357 páginas detalla que las víctimas, todas jóvenes y de familias humildes, fueron captadas mediante ofertas laborales engañosas. Zea Ricardo seleccionaba a mujeres con características específicas: atractivas, interesadas en el modelaje, con poca experiencia laboral y en situación de vulnerabilidad económica. Una vez bajo su control, las sometía a abusos sexuales reiterados y las explotaba económicamente, castigándolas con violaciones si no cumplían con las metas de recaudación impuestas.
El tribunal señaló que estas agresiones tenían una “intencionalidad aleccionadora y destructiva”, diseñadas para quebrar la voluntad de las víctimas.
El Impacto del Caso de María Cecilia
El caso de María Cecilia, quien se quitó la vida tras meses de explotación virtual, fue central en el juicio. Sus escritos personales, presentados como prueba, revelaron el impacto devastador de la esclavitud digital. En sus notas, describió cómo al final de cada jornada su cuerpo y mente quedaban “destruidos”.
Nuevas Formas para Viejos Delitos
Durante el juicio, se enfatizó que la virtualidad no liberó a las víctimas, sino que las encerró en una nueva forma de control absoluto, donde cada interacción podía ser grabada, replicada y almacenada indefinidamente en internet, perpetuando su exposición y vulnerabilidad.
El tribunal subrayó que la explotación digital representa un desafío para los sistemas legales y sociales, ya que las plataformas tecnológicas utilizadas carecen de mecanismos de seguridad y confidencialidad. Según el fallo, estas herramientas permiten a los tratantes emplear técnicas coactivas como el chantaje, el control remoto y la vigilancia constante, dejando a las víctimas en un “tremendo grado de indefensión”.
Además, se advirtió sobre la falta de legislación específica para abordar la explotación en entornos digitales, lo que dificulta la protección de las víctimas y la persecución de los responsables.
