Concejales de la oposición acusan al oficialismo de sostener una política tributaria ilegal y profundizar el ajuste
En el debate del Presupuesto 2026, los bloques del Frente Chaqueño y CER denunciaron que el Ejecutivo municipal ignora fallos judiciales y aplica un nuevo aumento del 10 % en tasas e impuestos.
En lo que podría ser la anteúltima sesión del año del Concejo Municipal, se debatieron los ingresos, gastos e inversiones previstos para el ejercicio 2026 en el proyecto de Presupuesto Municipal. En ese marco, los bloques opositores integrados por los concejales Fabricio Bolatti, Lucila Masin, Soledad Villagra, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez, cuestionaron la decisión del oficialismo de avanzar con nuevos incrementos tributarios a pesar de la existencia de un fallo judicial firme del Tribunal de Cámara en lo Contencioso Administrativo y a espera de resolución del Superior Tribunal de Justicia.
Los concejales y concejalas, expresaron su preocupación por la continuidad de una política tributaria que desconoce el fallo vigente que declaró la inconstitucionalidad del incremento de tasas, impuestos y patentes del 80 %, 90% y más del 100 % respectivamente, para el año 2025, tomando como base el período 2024, y la decisión del oficialismo de avanzar con nuevos aumentos tributarios, aun cuando cuenta con recursos suficientes, persistiendo en una situación de ilegalidad fiscal vigente.
Desde la oposición señalaron que, lejos de reconocer errores y respetar los roles institucionales, el oficialismo municipal ratifica de hecho la ilegalidad y continúa incurriendo en abuso de autoridad al implementar un nuevo e ilegal incremento del 10 % para el 2026, profundizando la carga tributaria. “No solo no respetan los tiempos institucionales de la Justicia, sino que además, incumplen un fallo y avanzan con un nuevo incremento, alineándose con las exigencias del gobierno nacional de Javier Milei, que plantea un ajuste que ellos mismos definieron eterno y cada vez más profundo, agravando la situación económica de los contribuyentes”, manifestaron durante el debate.
Gestos institucionales sin respuesta del oficialismo
Pese a las fuertes críticas, los bloques Frente Chaqueño y CER decidieron acompañar la aprobación del Presupuesto en general como un gesto de responsabilidad para garantizar el funcionamiento del municipio. Sin embargo, mantuvieron un rechazo rotundo en la votación en particular sobre puntos críticos.
Las principales discrepancias se centraron en la previsión de ingresos propios que se encuentran judicializados, donde el gobierno municipal optó por presupuestar recursos derivados de una normativa declarada inconstitucional, incumpliendo un fallo firme que solo admite recurso con efecto devolutivo, conforme lo establece la Ley 877-C que regula la acción de amparo.
También reclamaron transparencia en la Estructura de Personal, y que “se expresen correctamente” los cargos correspondientes al personal suspendido, decidido por el propio Ejecutivo, mientras se resuelve la cuestión de fondo del último proceso de regularización laboral municipal.
Un escenario complejo para 2026
La oposición advirtió que el 2026 estará marcado por la caída de ingresos, el aumento del desempleo y el deterioro de la salud pública. En este contexto, calificaron la postura del Ejecutivo como una «rebeldía judicial» que configura una falta grave en la gestión pública. “El 2026 se presenta como un período complejo para la ciudadanía y para los gobiernos locales, en un contexto marcado por la continuidad del ajuste a nivel nacional y provincial. El rumbo económico vigente consolida recortes que afectan directamente a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores, a través del aumento del desempleo, la caída de los ingresos y el deterioro de las prestaciones de salud”.
Asimismo, alertaron sobre la intención del gobierno nacional de profundizar el ajuste sobre los recursos de las provincias y los municipios, lo que se traduce en menos salud, menos educación, menos empleo y una peor calidad de vida para la población. “Acelerar la modificación del esquema de coparticipación es acelerar la transferencia de los recursos del pueblo a los sectores de la especulación financiera y al FMI. Es la misma receta de siempre, aplicada ahora sobre nuevas fuentes de ingresos”, expresaron los ediles.
Por último, advirtieron que la conducta adoptada, al sostener prácticamente una rebeldía judicial, agrava la situación de la propia administración municipal, configurando una falta grave en el ejercicio de la gestión pública, con su consecuente impacto negativo sobre el patrimonio del vecino y la vecina que contribuye al sostenimiento de su Institución pública local. “Nuestro objetivo es defender la Institución Municipal y el patrimonio de cada vecino y vecina, quienes hoy son víctimas de una carga tributaria regresiva e ilegal”, concluyeron los concejales de la oposición.
