Comenzó en Salta el segundo juicio contra Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe
Cositorto ya fue condenado a 12 años de prisión en Corrientes, y su situación legal podría complicarse aún más.
El juicio oral y público dio inicio hoy a las 9:30 en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, presidido por los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans, con la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio a cargo de la acusación. La defensa de Cositorto sería inicialmente llevada por Sandra Domene, quien no pudo asistir y fue sustituida por una asesora que se mantiene en contacto con el abogado principal, Guillermo Dragotto, quien viajará a Salta la próxima semana.
Cositorto, actualmente detenido en la Alcaidía General de Salta, llegó desde la cárcel de Goya, donde fue sentenciado en marzo por crímenes similares. Persiste en su defensa, alegando persecución política y judicial. En esta ocasión, se le imputa haber operado una delegación de Generación Zoe en Salta desde 2021, prometiendo rendimientos mensuales del 7,5% al 10%, equivalente a un retorno anual del 120%. Las víctimas, al invertir entre 500 y 1,000 dólares, eran aseguradas con una “membresía educativa” de beneficios ficticios, incluyendo la promesa de duplicar su capital en tres meses mediante «robots» financieros.
Además de Cositorto, también están siendo juzgadas cuatro personas involucradas en la operación de Zoe en Salta: Ricardo Gabriel Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. Todos están acusados de estafas reiteradas en 118 casos y de asociación ilícita.
El monto observado como perjuicio económico en esta causa es de $5,682,500 y USD 574,120.29, aunque se estima que la cifra real podría ser más elevada. Este caso de Salta se suma a otros cargos en diferentes provincias. Cositorto tiene procesos abiertos en Córdoba, Rosario y una causa federal por lavado de dinero en Buenos Aires.
El modus operandi en Salta fue descrito por la fiscal como una pirámide disfrazada de empresa educativa, con métodos agresivos de captación de inversores. Si Cositorto recibe otra condena, existe la posibilidad de unificación de penas bajo el sistema judicial argentino, dependiendo de la naturaleza de los delitos y si son considerados conexos. En Argentina, el Código Penal establece un límite máximo de 50 años de prisión para penas acumuladas, aunque el tiempo efectivo puede variar según el criterio del juez.
