Coimas en Pami y Anses: Sabadini inicia investigación por ‘presuntas maniobras’ en las delegaciones chaqueñas
En las últimas semanas salieron a la luz graves denuncias por pedidos de «diezmos» en delegaciones del PAMI y de la Anses en diversas provincias, entre ellas, en las delegaciones de Chaco.
El escándalo por los supuestos desvíos de fondos para fines políticos o licitaciones cuestionadas entre referentes libertarios, trascendió luego de que 22 funcionarios de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y (Programa de Atención Médica Integral) PAMI de Misiones, denunciaran en una carta que los armadores políticos de La Libertad Avanza les habían pedido «contribuciones» monetarias.
Las denuncias fueron dadas a conocer en programas de TN y A24. A raíz de ello, la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, formalizó este lunes una investigación preliminar y requerido la instrucción formal de una causa en torno a las presuntas irregularidades en la administración de las oficinas del PAMI y la Anses en el Chaco, bajo la carátula de «Posible delito de Acción Pública» para determinar las responsabilidades de los funcionarios señalados de pedir «diezmos» monetarios a empleados de las delegaciones de Anses y Pami, en el Chaco.
Las investigaciones periodísticas revelaron una supuesta trama de financiamiento ilegal de La Libertad Avanza (LLA) a través de aportes que habrían sido ordenados por los funcionarios a cargo de esas áreas Silvia Arolfo (PAMI) y Alfredo “Capi” Rodríguez (Anses).
Entre los fundamentos, Sabadini citó que «concretamente la maniobra consistía en que funcionarios y empleados de ambos organismos eran conminados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones».
En otro párrafo: «Particularmente en el caso del Chaco, refirieron que existiría un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aporta por mes, mostrando en la oportunidad unas planillas que a simple vista muestran distintos nombres, períodos, montos y destinos del dinero, como también señalaron que cada uno de los pagos habrían sido efectuados vía transferencia bancaria a cada uno de los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos».
La pena que correspondería de comprobarse el delito
El fiscal Federal menciona en el documento que «…este Ministerio Fiscal estima que el comportamiento atribuido a aquellas personas cuya responsabilidad oportunamente se establezca guardan adecuación típica con el delito de Extorsión tipificado en el art. 168 CPA que establece…’Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos‘».
Por otro lado, cabe mencionar que la obra social de los jubilados anunció que iniciará una investigación interna sobre las compras y contrataciones de las delegaciones y a través de un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas para que las oficinas de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”.
