Cinco policías detenidos acusados de robar 9 kilos de droga durante la quema de estupefacientes
Un hecho de extrema gravedad institucional sacude a la provincia del Chaco. Cinco agentes de la Policía provincial fueron detenidos acusados de sustraer alrededor de 9 kilos de estupefacientes en el marco de un operativo oficial de incineración de drogas, realizado en la localidad de Colonia Benítez.
De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio se habría producido durante el operativo logístico previo a la quema de la droga secuestrada, cuando los efectivos involucrados habrían simulado separar parte de la carga destinada a la incineración. Ese faltante fue posteriormente detectado mientras era trasladado en una camioneta, lo que encendió las alarmas.
La maniobra no pasó inadvertida. Personas presentes en el lugar advirtieron movimientos irregulares, lo que derivó en un pedido inmediato de explicaciones y en la rápida intervención judicial y policial, que permitió frenar la situación y avanzar con las actuaciones correspondientes.
Ante la gravedad de los hechos, el fiscal Juan Marcelo Burella Acevedo dispuso la detención inmediata de los cinco efectivos, además del secuestro de sus teléfonos celulares, una medida considerada clave para el avance de la investigación y para determinar las responsabilidades penales individuales.
Desde el Ministerio Público Fiscal se trabaja ahora en establecer con precisión la cantidad de droga efectivamente desviada, en una causa que expone serias falencias en los controles internos y en los protocolos de seguridad aplicados durante este tipo de procedimientos sensibles.
La investigación cuenta con el acompañamiento del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, mientras continúan las diligencias para relevar la totalidad de la carga incinerada, reconstruir el circuito del estupefaciente y esclarecer el verdadero alcance del presunto delito.
El episodio genera un fuerte impacto político e institucional y pone en cuestión el discurso oficial de lucha contra el narcotráfico, al dejar al descubierto que las prácticas corruptas pueden operar incluso desde el interior del propio Estado, en operativos que deberían garantizar máxima transparencia, control y legalidad.
