Causal de jury: juez federal entrega una camioneta decomisada a un funcionario público
Ricardo Mianovich, juez del Juzgado Federal Nº 2 de Resistencia, resolvió entregar al presidente del Tribunal de Cuentas, Juan José Fuentes Castillo, una camioneta Toyota Hilux decomisada en una causa de lavado de activos. El vehículo, con dominio AA-407-KM, había sido confiscado en Sáenz Peña a Omar Naldo Retamozo por su procedencia ilícita. Tras el fallecimiento de Retamozo, el magistrado decidió el destino del rodado ante la imposibilidad de proceder judicialmente en su contra.
El argumento presentado por Mianovich para justificar la entrega señala la carencia de espacio físico para almacenar vehículos decomisados, lo que, según indicó, genera «malestar ambiental» e incluso «problemas de salud». Además, afirmó que la solicitud del Tribunal de Cuentas para utilizar el vehículo en controles en el interior de la provincia motivó su decisión definitiva.
No obstante, el fiscal federal Patricio Sabadini calificó esta resolución como «arbitraria» y sin los fundamentos legales necesarios. Según detalló, el fallo evidencia graves fallas procesales y errores en la aplicación del derecho que comprometen tanto la legalidad como el debido proceso.
Asimismo, Reynaldo Pisarello, abogado representante de Leandro Retamozo—reconocido como único heredero del fallecido Omar Retamozo—interpuso un recurso de apelación contra el decomiso de la camioneta. En su presentación, adjuntó documentos que acreditan el vínculo filiatorio con el difunto, incluyendo una declaratoria de herederos y copia de su partida de nacimiento.
Además, Sabadini remarcó que no se cumplieron los procedimientos necesarios para notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la decisión tomada.
Finalmente, el fiscal cuestionó duramente lo que consideró un acto indiscrecional y reprochable desde una perspectiva jurídica y ética. Subrayó que otorgar bienes decomisados sin evaluar opciones más alineadas con el bienestar social—como destinarlos a ONGs u organismos públicos que atienden sectores vulnerables o necesidades sanitarias—revela un criterio preocupante. Según expresó Sabadini, la resolución evidencia inconsistencias aún mayores al dirigir el vehículo hacia el Tribunal de Cuentas del Chaco, organismo donde el mismo juez prestó servicios antes de asumir su cargo actual como magistrado federal.
